Cuando recibió su constancia de mayoría en las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador declaró que una de las características de su gobierno sería el respeto a la división de poderes y, particularmente, afirmó que nunca habría presiones indebidas sobre las autoridades encargadas de impartir justicia.

Ahora que un juez federal ha otorgado amparos provisionales que suspenden la aplicación de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, López Obrador ha pedido abiertamente que lo investiguen, ha criticado a otros juristas y ha enviado una carta al presidente de la Suprema Corte para “ventilar los asuntos públicos” relativos a ese impartidor de justicia.

No es la primera vez que AMLO reacciona de esta manera a una decisión judicial que no le gusta. Y en todos los casos argumenta que se trata de un debate, cuando el poder que le da la titularidad del Ejecutivo más el que ha acumulado hacen que no sea así: que sean precisamente esas “presiones indebidas” que hace tres años dijo que nunca habría.

El pecado del juez fue otorgar una medida cautelar: que las disposiciones de ley no se apliquen en tanto se resuelve si la reforma es o no es constitucional. La valoración es que es posible que no lo sea. Eso bastó para que le viniera la furia presidencial encima.

La posibilidad de inconstitucionalidad se basa en dos aspectos: uno es que, al otorgarle privilegios a la CFE y discriminar a otras empresas, la ley atenta contra la competencia económica. El otro, que pueden resultar afectados los consumidores y la población en general, al obligarse a dar preferencia a la opción más cara y más contaminante. Si es constitucional o no, se puede discutir; lo que parece claro es que el asunto es, por lo menos, debatible. Y si es debatible, lo conducente es el otorgamiento de suspensiones.

Pero para Andrés Manuel López Obrador no hay debate alguno. Si alguien dice que su ley puede no ser constitucional es porque se opone a ella. Y si se opone a ella, es porque está obedeciendo a intereses empresariales y traicionando a la patria. A esos traidores a la patria hay que investigarlos, señalarlos, denunciarlos, quitarles poder. No importa que sean el tercer poder constitucional.

Por lo mismo, los argumentos de la carta presidencial no son sobre el núcleo de la discusión legal y el contenido de la ley, sino sobre la competencia del juez y sus posibles intereses ocultos. No es un debate abierto, sino una intimidación.

El problema de fondo está en el deseo de que la voluntad del Ejecutivo quede por encima del entramado legal. Que la Constitución quede sujeta a la interpretación del líder político máximo, mientras que las otras leyes pueden ir siendo modificadas por una mayoría ad hoc. Parafraseando a Orwell, que los tres poderes sean iguales, pero que haya uno más igual que los otros dos.

En ese sentido, la estrategia de defensa de la reforma de parte de Presidencia no es jurídica, sino política. La idea es, por un lado, jugar a las vencidas con el poder judicial y, por el otro, provocar una corriente de opinión pública contraria a los juzgadores y a quienes hablen críticamente del tema de la reforma eléctrica.

Es una estrategia que, por lo pronto, puede servir para esconder que el verdadero propósito de la reforma es darle salida al exceso de combustóleo sucio e invendible que ha acumulado Pemex, y que terminará siendo quemado, sí o sí, en las termoeléctricas de la CFE. Ya se sabe que Pemex y Patria son casi sinónimos para AMLO.

También se hace cada vez más probable que la ley provoque litigios internacionales, que suelen ser largos y de altos costos para las partes en conflicto. Los habrá tanto en lo referente a la competencia como en relación con la parte ambiental, y muchos de ellos serán en el marco de los acuerdos del T-MEC.

En este tema, radicará una de las claves para la segunda mitad del gobierno de López Obrador, tanto en su fuero interno como en la relación con las naciones socias. Se verá si las circunstancias lo obligan a negociar y llegar a acuerdos, con tal de evitar conflictos prolongados, o si incurre en una fuga hacia adelante, negándose a trascender las controversias, mientras rompe con sus compromisos internacionales y se envuelve en una espiral retórica nacionalista.

De todo esto, la respuesta de los miembros del Poder Judicial a las pretensiones presidenciales en el caso de la Ley de la Industria Eléctrica cobra una importancia toral. Definirá o redefinirá las relaciones entre los poderes, pero también ayudará a definir los límites del poder y la prepotencia presidenciales: la mayor o menor diferencia ante la ley entre gobernantes y gobernados. A final de cuentas, el mayor o menor respeto al estado de derecho.

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