Hector Sánchez Cruz, un indígena veracruzano de 70 años purgaba una década decondena por “vínculos con el narcotráfico”, pero ayer obtuvo su preliberación anticipada. A las dos de la tarde caminaba por la costera Miguel Alemán. En la mano derecha llevaba el expediente federal 1457 de su absolución y la cabeza en picada.
—¿ Feliz por su libertad? —se le pregunta.
Antes de contestar alza la mirada y se suelta a llorar.
—¿Felicidad? Soy el hombre más desafortunado del mundo: en los últimos siete años que pasé preso, murió mi madre, siete hijos están distanciados y mi mujer se fue con otro… ya no tengo a nadie —dice entre sollozos.
El viejo Sánchez es uno de mil cien indígenas encarcelados que obtendrán su liberación a raíz de un convenio entre los gobiernos federal y estatales.
Las autoridades de justicia revisaron más de cinco mil expedientes en los últimos meses y aunque para las autoridades federales de la administración pasadas supuestamente él transportaba cocaína, esta vez el nuevo gobierno determinó que su caso es un delito no grave y que tampoco pone en riesgo a la sociedad.
“No sé que hice para merecer la vida que llevo. Cuando me metieron a la cárcel, el Ejército encontró una bolsa, dicen que era droga, debajo del asiento del camión en que viajaba de Veracruz a la Ciudad de México”, cuenta a Crónica.
“Pero como iba a ser yo narcotraficante si ni un centavo llevaba para comer ni alquilar, aunque fuera un cuarto para pasar las noches. Con trabajos pude conseguir para el transporte”, manifiesta.
“Desde ese momento yo iba envuelto en un cobija y con la esperanza de encontrar trabajo”, agrega.
Uno de los requisitos para que los internos obtengan su libertad es aprender a escribir y leer bien, pero, además, debían presentar una solicitud de trabajo a empresas o negocios establecidos para que al abandonar la cárcel “se integren a una sociedad” productiva.
“Aunque yo ya sabía leer y escribir hice la primaria y secundaria adentro”.
—¿Y en que va a trabajar ahora?
—Lo del trabajo nada mas fue un simulacro, algo así como un trámite para justificar la salida.
Héctor Sánchez dice que las autoridades penitenciarias entregó su solicitud de empleo y que le ayudaron a tramitarlas ante un taller de herrería del centro de Veracruz.
“Pero no soy herrero, ni conozco la persona que según recibió el documento que llené”, señala.
Cinco horas antes de su conversación con este medio había cambiado su uniforme color caqui por una camisa azul marino con cuadros blancos y un pantalón gris Oxford.
La tarde de ayer en el Word Trade Center de Veracruz, el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera y el secretario de Seguridad Pública Federal, Martín Huerta, le entregaron su carta a él y a otras 35 personas. Apenas hace cuatro días lo hicieron con 49 en Puebla.
Pero las autoridades dicen que antes de que termine este año serán 700 los reclusos beneficiados acusados de delitos del fuero federal.
Cinco horas antes de su conversación con este medio, Héctor Sánchez había cambiado su uniforme color caqui por una camisa azul marino con cuadros blancos y un pantalón gris Oxford.
Ayer, recuperó su libertad luego de siete años, pero perdió a su familia.
--¿Y dónde vivirá ahora?
--Me voy pa la frontera, intentaré cruzar para el otro lado...conocidos míos dicen que mis hijos se fueron para los Estados Unidos.
“De hecho, jamás debí volver. Allá trabajé hace casi treinta años”, dice y se marcha.
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