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El expresidente Ernesto Zedillo, en entrevista a la revista Nexos y en publicación en Letras Libres, ha hecho una crítica de fondo a la reforma judicial y a las elecciones que la acompañan, llegando a afirmar que cierran la puerta a la división de poderes y, con ello, se avanza en la destrucción de la democracia mexicana.
Zedillo ubica ese propósito asegurando que lo que busca la cuarta transformación morenista es “sustituir nuestra joven democracia por una tiranía”. Identifica la reforma judicial, junto con otras modificaciones en curso, como un paquete de cambios que pueden mover a México hacia “un Estado policial, propio de un régimen autoritario y represivo”.
Evidentemente, porque Zedillo es tal vez el expresidente con mejor imagen en el exterior, sobre todo en el mundillo de la economía y las finanzas, afirmaciones tan fuertes merecen una respuesta contundente de parte del gobierno mexicano.
Uno esperaría, ingenuo como es, que esa respuesta fuera con argumentos en defensa de las transformaciones institucionales en curso. El gobierno y sus voceros podrían abundar sobre la necesidad de reformar un sistema judicial corrupto y la conveniencia de que esta reforma pase por el tamiz de las decisiones de los ciudadanos, sobre los costos que las instituciones autónomas han tenido sobre el erario, sobre la importancia de que las Fuerzas Armadas -en la actual coyuntura- cuenten con facilidades para hacer sus labores, y un largo etcétera. Esos argumentos serían, a su vez, rebatidos por los opositores y se habría creado un proceso de discusión y reflexión que nos ayudaría a entender mejor las circunstancias por las que pasa el país y a tomar mejores decisiones.
Pero no. La respuesta ni siquiera tuvo como eje contraponer la reforma judicial actual con la que Zedillo impulsó cuando era presidente, y que significó una Suprema Corte más independiente, pero con ministros afines a su gobierno. Eso sólo mereció un comentario al margen de la presidenta Sheinbaum en su mañanera. La respuesta no ha sido sobre los argumentos, sino contra la persona que los esgrimía, al que se quiere dibujar como personero de los intereses de los grandes empresarios, que se aprovechan del pueblo. Zedillo como siervo de los ricos. La respuesta central fue: investiguemos el Fobaproa.
Entonces uno esperaría, ya ven cómo es esto de la ingenuidad, que la contrarrespuesta fuera en el sentido de que el tema a discusión no es la calidad moral del expresidente o las decisiones de política económica y financiera de su gobierno, sino sus afirmaciones sobre los efectos nocivos de la reforma judicial, y en particular, sobre el hecho de que dota de un poder inusitado al gobierno y al partido en el poder, y disminuye en la práctica los contrapesos necesarios en un régimen democrático.
En otras palabras, si el gobierno buscaba desviar la atención con el asunto del Fobaproa (precisamente porque los argumentos de Zedillo sobre los temas del Poder Judicial y de la democracia tienen más sustento que los del gobierno), la respuesta conducente de la contraparte era señalar que está lanzando una cortina de humo para evadir un debate indispensable (necesario, incluso, después del simulacro del 1° de junio).
Era también señalar que el resorte autoritario del gobierno queda claro cuando la respuesta a una crítica severa no es el debate, que se rehúye, sino la persecución -y para eso el camarada Pablo Gómez se pinta solo-. Y hasta concluir con una petición al morenismo para que se quite la máscara y diga que México, para desarrollarse con igualdad social, no necesita una democracia liberal, sino otra cosa, más vertical, discrecional y autoritaria.
Pero no. Mientras Zedillo propone una auditoría al Fobaproa y una empresa encuestadora afín al gobierno hace la pregunta tramposa del tipo “¿Es cierto o falso que Zedillo hizo pública una deuda privada para rescatar a banqueros y empresarios con el Fobaproa?”, el tema toral, el de la democracia en riesgo -ahí donde, a diferencia del fondo para el rescate del sistema bancario, que genera polémica, nadie duda del talante democrático del expresidente Zedillo- queda sepultado. Y no faltan quienes, desde la oposición, se han enganchado con el tema de distracción y se ponen la complicada tarea de defender un fondo financiero difícil de comprender y de explicar. En esa lógica, gana el gobierno con simplificaciones como la de que “Zedillo convirtió deuda privada de los millonarios en deuda pública, que el pueblo sigue pagando”.
Es el método Ollendorff del aprendizaje de lenguas aplicado a la política. Ese método del siglo XIX promovía que a una pregunta en lengua extranjera se contestara con una respuesta en la misma lengua, aunque el tema no tuviera nada qué ver. En otras palabras, cada loco con su tema, contestando lo que quiere. Así, el debate y el diálogo se reducen al máximo, porque se van sacando temas diferentes, lo que dice la otra persona no importa, y lo único que queda es la difusión de frases disconexas, fragmentos de sonido destinados a la propaganda. Y ahí hay una gran disparidad de fuerzas. En las redes, ya pasamos de la reforma judicial a un concierto de U-2 en 1997, por dar un ejemplo chiquitito. Todo sea por tundir al enemigo.
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