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La reciente incorporación de México a la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) marca un hito en la cooperación regional para combatir el crimen organizado en América Latina y el Caribe. Este esfuerzo colectivo, que reúne a 20 países miembros, reconoce que la seguridad no puede abordarse de manera aislada y exige soluciones integrales que consideren factores económicos, sociales y estructurales.
Uno de los puntos más destacados de la Alianza es su enfoque preventivo en comunidades vulnerables, como la plantea la estrategia de la Presidenta Dra. Claudia Sheinbaum, especialmente aquellas donde los jóvenes son presa fácil del reclutamiento delictivo.
La violencia y el crimen han prosperado en espacios de desigualdad y falta de oportunidades, y cualquier estrategia de seguridad que ignore estos factores está condenada al fracaso. En este sentido, el compromiso del BID con la educación, el empleo y la inclusión social puede ser un componente clave para reducir el atractivo de las actividades ilícitas.
Además, el fortalecimiento institucional juega un papel central en la eficacia de esta iniciativa. La corrupción y la debilidad en los sistemas judiciales y policiales han sido barreras recurrentes en la lucha contra el crimen organizado.
Otro eje importante de la Alianza es el que refiere al combate a los flujos financieros ilícitos e implica una tarea titánica pero indispensable. Las organizaciones criminales no pueden operar sin financiamiento, y el lavado de dinero sigue siendo una amenaza constante para la estabilidad económica y la seguridad. La cooperación internacional en este ámbito será clave para desmantelar redes financieras ilícitas y cortar el flujo de dinero que alimenta a estos grupos.
México se encuentra en un punto crucial: su adhesión a la Alianza no debe quedar solo en el discurso. La implementación efectiva de los programas del BID y la alineación de estos esfuerzos con las estrategias nacionales determinarán el impacto real de esta cooperación. La seguridad no es solo un tema policial, sino una cuestión de desarrollo, justicia y gobernanza. Con el respaldo del BID y la voluntad política adecuada, esta iniciativa podría marcar una diferencia significativa en la lucha contra el crimen organizado en la región.
Con la llegada de la primera mujer a la Presidencia de la República, se incrementaron las expectativas positivas en torno a las acciones y estrategias para mejorar la seguridad y la justicia para todos los mexicanos.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al primer trimestre de 2024, el 61% de la población de 18 años y más, consideró inseguro vivir en su ciudad, cabe señalar que el muestreo se realizó con personas residentes de 90 ciudades del país.
De entre las ciudades donde se consideró mayor inseguridad para vivir estuvieron: Fresnillo con el 95%; Naucalpan de Juárez, 89%; Zacatecas con 89%; Chilpancingo de los Bravo, 87%); Cuernavaca con 87% y Ciudad Obregón llegó a 86%).
En contraste, las ciudades donde la percepción de inseguridad resultó menor fueron: Benito Juárez (11.1 %), Piedras Negras (19.0 %), Cuajimalpa de Morelos (22.5 %), Mérida (23.2 %), Tampico (23.6 %) y Los Cabos (24.8 %).
Respecto de los espacios físicos específicos, en el periodo referido, 69.4 % de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; 63.9 %, en el transporte público; 53.9 %, en la carretera y 53.5 %, en el banco.
Asimismo, 3 de cada 10 personas encuestadas consideraron que, en los próximos 12 meses, la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de mal; un 21.5 % refirió que la situación empeoraría en los próximos 12 meses; 19.2 % dijo que la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de bien, y 23.5 % manifestó que mejorará.
De acuerdo a las cifras citadas, solo 2 de cada 10 personas mostraron una percepción sobre la situación de seguridad y justicia.
Hoy, a más de siete meses de su gobierno, 8 de cada 10 personas aprueba los esfuerzos, iniciativas, acciones y estrategias que ha implementado la Primera Presidenta de México; esto, aunado a las alianzas de colaboración, particularmente en materia seguridad, justicia y desarrollo, se mantiene la esperanza de transitar hacia una convivencia en paz, con respeto a los derechos de cada mexicano que pugna por transformar, para bien, su vida y la del país. Pero hay que decirlo, si México quiere aprovechar esta Alianza, será fundamental que se sigan fortaleciendo las instituciones encargadas de impartir justicia, garantizando procesos eficientes y transparentes.