BúsquedaMEXICANOS:¡Mueran los Gachupines!¡Muera el mal Gobierno!¡Viva Fernando VII!¡Viva la América libre!¡Viva la Virgen de Guadalupe!
Grito de Independencia, Miguel Hidalgo
Francisco de Vitoria, teólogo y humanista del siglo XVI, defendió la tolerancia religiosa y la libertad de los indios como parte de la fundamentación filosófico-jurídica de los derechos humanos. La violación o falta de respeto de la dignidad de las personas era el sustrato de un mal gobierno. Entonces, por oposición, es plausible sostener que el buen gobierno es que el poder civil respete, específicamente respeto a los grupos originarios, los derechos a:
- La libertad de tránsito, comercio, vocación,
- La ciudadanía,
- El dominio y la propiedad derivado de lo dispuesto por la ley,
- La vida, salvo el regicidio que se le justifica por el mal gobierno,
- El juego y el suficiente descanso,
- La dignidad o buena consideración,
- Los tributos justos y equitativos,
- La igualdad de oportunidades,
- La seguridad jurídica, que se refleja en la obligación del gobierno de nombrar buenos ministros, obedecer las leyes y hacerlas cumplir, y
- La causa justa en caso de expropiación y por utilidad pública.
La interpretación histórica más extendida, basada en una inferencia concluida a partir del hecho de que en la biblioteca del libertador mexicano se encontraba la obra de Francisco de Vitoria, sostiene que la referencia al mal gobierno es una reacción directa frente al gobierno gachupín, constituido por el Virrey y los peninsulares carentes de autoridad legítima por la abdicación de los reyes españoles que los habían designado en los cargos.
El descontento social, que fue el sustrato para la extensión de la rebelión insurgente, provenía de la violación sistemática a los derechos de mestizos e indios, es decir, del mal gobierno perpetuado por la sociedad dividida en castas, según el origen y la ocupación, que negaba derechos fundamentales a los grupos que estaban en la base y sufrían graves limitaciones a sus libertades y derechos.
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el objetivo 1.3 es “erradicar la corrupción en la vida pública y promover la ética, la honestidad, la integridad y el buen gobierno para fortalecer la confianza en las instituciones” en el que el buen gobierno es un elemento más del comportamiento esperado de las personas servidoras públicas. El indicador de este objetivo es medir “el porcentaje de población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más que les inspira mucha o algo de confianza las instituciones del Gobierno Federal”.
Sin embargo, en el PND no hay mayor referencia o explicación de lo que significa para la administración del 2024-2030 el buen gobierno e incluso se le equipara en importancia en una de las estrategias (1.3.4) con la mejora de la organización, administración, conservación y acceso a los archivos públicos o se reduce a ser la denominación de una dependencia o un enfoque de la gestión pública que pone el énfasis en los principios del artículo 134 constitucional, respecto al manejo correcto de los recursos económicos del Estado, tal y como se desprende de la misión de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG).
El antecedente más reciente de la búsqueda del buen gobierno como objetivo de la administración fue con Vicente Fox, quien, en el PND 2001-2006, propuso tres estrategias para la mejora de la gestión pública: combatir la corrupción, promover la transparencia y aumentar la eficiencia. La similitud con el actual gobierno es significativa, más aún si se analiza la competencia del SABG, que es “elaborar y conducir la política pública en materia de profesionalización e integridad pública, evaluación de la gestión gubernamental, mejora continua, modernización, contrataciones públicas, transparencia en la gestión pública, rendición de cuentas, fiscalización y anticorrupción de la Administración Pública Federal” (art. 37, fr. I, LOAPF)
El concepto buen gobierno para que tenga un valor agregado en lo político debe ofrecer una narrativa más progresista respecto a la función pública, es decir, debe ser más que una buena administración eficiente, honesta y transparente. En términos de Francisco de Vitoria debe proteger, garantizar, respetar y promover los derechos humanos y, en particular en sociedades con profundos rezagos sociales, debe promover la igualdad de oportunidades y la seguridad jurídica.
En ese sentido, el buen gobierno tiene dos dimensiones que enriquecen la función pública: la orientación de la acción del Estado hacia la superación de la desigualdad social más allá del combate a la corrupción, la transparencia y la eficiencia y el respeto a las autonomías políticas, administrativas, organizacionales, colectivas e individuales, como garantía formal de que la determinación de los alcances del interés general será plural e incluyente. Es importante que la SABG construya un concepto más amplio de buen gobierno para que se distinga del pasado foxista.
Profesor de la Universidad de las Américas Puebla
cmatutegonzalez@gmail.com
Facebook.com/cmatutegonzalez
X @cmatutegonzalez
www.carlosmatute.com