Acaso fue una coincidencia en un ámbito en el que las coincidencias no existen, pero justo cuando se daba a conocer una llamada más entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum, la embajada de Estados Unidos, que tiene nuevo titular, lanzaba la advertencia de que ciertas zonas de su frontera con México ya son consideradas áreas de defensa nacional.
Cualquier persona que pase por ahí quedará a expensas de los soldados norteamericanos, no de los agentes de migración o de la patrulla fronteriza, de los soldados.
Esos terrenos equivalen ahora a zonas militares. ¿A qué viene eso? El número de migrantes ha descendido de manera drástica y los narcos no comercian en zonas militares, sus socios norteamericanos los esperan en otros lados.
Se trata, como es la especialidad de la casa, de intimidar, y de tener soldados listos en la línea fronteriza por si llega la orden de avanzar.
Proteger a Adela
El semanario Zeta de Tijuana tiene un largo y doloroso historial de amenazas cumplidas. Su cobertura profesional sobre temas de crimen organizado y corrupción política, lo tiene en la mira de las bandas que se sienten afectadas por su labor periodística.
De modo que las amenazas de muerte recibidas por Adela Navarro, su actual codirectora general, no pueden echarse en saco roto. Se tienen que tomar muy en serio y actuar en consecuencia.
Organizaciones de periodistas nacionales e internacionales y comisiones de Derechos Humanos han hecho exigencias puntuales para proteger la integridad de Adela que por el alto nivel de su trabajo profesional tiene reconocimiento dentro y fuera del país.
Como el gobierno estatal está bajo sospecha, el cuidado de la periodista debe quedar a cargo del gobierno federal. Hay que actuar de inmediato.
Elecciones en Pantelhó
En medio del clima de violencia que se vive en el país, es plausible la sentencia que aprobó por unanimidad el pleno de la Sala Superior del TEPJF, a propuesta del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.
La sentencia ordena medidas estructurales y presupuestarias para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de la ciudadanía de Pantelhó, Chiapas, municipio que experimenta desde hace años una crisis de seguridad que ha impedido la celebración de elecciones y que cualquier autoridad electa mediante voto popular realice sus funciones de manera regular.
Con la sentencia el Tribunal Electoral ordena al Congreso de Chiapas convocar a elecciones durante 2025 y se vincula a autoridades estatales para establecer un entorno seguro durante el proceso electoral extraordinario, así como acciones que atiendan las condiciones estructurales de marginación, pobreza extrema y violencia persistente.
La sentencia no se limita a ordenar nuevas elecciones, sino que propone una ruta hacia la reconstrucción democrática y seguridad humana en Pantelhó, para garantizar que, este año y en el 2027, la ciudadanía de Pantelhó pueda votar en un contexto pacífico y seguro.
Luciérnagas en Segob
La decisión del gobierno de construir un canal de comunicación permanente con los colectivos de personas buscadoras no ha sido flor de un día. Es un esfuerzo continuo que genera expectativas positivas en un sector de la población, el de los buscadores, que había sido abandonado en su estremecedora tarea de buscar a sus familiares desaparecidos.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, es la encargada de encabezar este esfuerzo que es político, desde luego, pero con un gran fondo humanitario.
La idea es que se asuma la responsabilidad de darle seguimiento a cada caso, sin excepciones y que el Estado ponga en la tarea todas sus capacidades técnicas y logísticas. Lo principal, como lo muestra el esfuerzo personal de Rosa Icela, es que se mantenga la voluntad política de llegar a la verdad y la justicia.