En México la lógica suele caminar descalza sobre espinas: mientras millones de alumnos pierden horas-clase porque buena parte del magisterio prefiere bloquear avenidas que impartir valores, la Fiscalía del Estado de México premia a un funcionario cesado por presunta corrupción dándole la nueva oficina que debería combatirla.
Todo empezó cuando la CNTE trasladó la lección del pizarrón a la calle: plantones, marchas y el Zócalo sitiado en nombre de la “justicia educativa”. El saldo invisible son ciclos escolares incompletos y niños aprendiendo que el chantaje paga mejor que la educación. Pero la pedagogía de la incongruencia no se limita a los maestros; florece también en los pasillos de la procuración de justicia.
En Naucalpan, el fiscal regional Julio César Rodríguez Martínez y su jefe de mesas Osvaldo Portales Pardo fueron destituidos por exigir un millón de pesos para quitar los sellos a un bar clausurado en Satélite durante el operativo “Atarraya”. Firmaron su renuncia y enfrentan investigación penal. Parecía un triunfo contra la corrupción… hasta que el fiscal general José Luis Cervantes Martínez anunció la creación de la Unidad Especial para la Investigación de los Delitos de Despojo y contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles y, sin rubor, colocó al mismísimo Rodríguez Martínez al frente. El mensaje es brutal: en la tierra del Atlacomulco style, caer en desgracia puede ser trampolín si tienes los contactos correctos.
El despojo no es asunto menor. Bajo el Operativo Restitución -coordinado por Fiscalía, Seguridad estatal, Ejército, Marina y Guardia Nacional- se han recuperado 268 propiedades; solo el viernes pasado fueron 75 inmuebles en 25 municipios: 60 casas, siete terrenos, siete naves industriales y un local. Hubo 21 detenidos ligados a sindicatos como UPREZ Autónoma, USON y 22 de Octubre, y a células como Los 300; se incautaron armas, metanfetaminas y mariguana.
Que el flamante titular de la Unidad -encargada de proteger la propiedad de los mexiquenses- esté señalado por presunta extorsión y cercanía con líderes invasores como los del USON o “25 de Marzo” raya en lo surrealista. Es como entregar las llaves de la caja fuerte al cajero sorprendido robando. Así la Fiscalía enseña que la “experiencia” pesa más que la ética y que el castigo se convierte en premio cuando conviene al sistema.
Maestros sin aula y fiscales reciclados conforman el mismo guion: el esfuerzo honesto se castiga, la presión y la trampa pagan dividendos. Mientras tanto, la ciudadanía observa la boleta que realmente importa: aprendizaje perdido y patrimonio vulnerado. Hoy la nota es roja, no magenta. Si en las aulas reina el plantón y en la Fiscalía la complicidad, ¿qué lecciones aprenderán nuestros hijos? Tal vez que el verdadero examen nacional no se rinde frente a un maestro ni ante un juez, sino ante la impunidad que sigue dictando cátedra.
Por cierto:
1. OJO. Lo que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, destapó sobre el predio Peralvillo 75 trasciende un simple trámite burocrático: sin consulta ni transparencia, se intenta instalar ahí otro refugio para migrantes en un barrio que ya arrastra servicios colapsados, focos rojos de inseguridad y el recuerdo de un albergue previo que terminó en caos; las autoridades capitalinas aseguran que el terreno se “intercambió” legalmente con la Escuela Libre de Medicina Homeopática para resolver un pleito añejo, pero tanto vecinos como estudiantes alegan que nadie les avisó, y Tepito -que no es un lote baldío, sino un territorio con historia y voz propia- se pregunta por qué ahí y por qué así, defendiendo su derecho a decidir qué ocurre en su casa, sin que esa exigencia se confunda con xenofobia. Ya veremos en que acaba la historia.
Vivo la noticia, para contarle la historia
@juanmapregunta