La elección judicial del pasado domingo 1 de junio ha comenzado a mostrar sus primeros saldos y arroja ya algunas lecciones que deberán de atenderse a la brevedad si lo que se pretende es dar legitimidad y viabilidad a la impartición de justicia y fortalecer la confianza con la sociedad y la comunidad internacional. En nuestra entrega anterior mencionamos algunos efectos no deseados que eran fácil de prever y que con los resultados del domingo se confirmaron: la reforma al Poder Judicial es prioritariamente administrativa, al no considerar aspectos sustantivos relativos a la integralidad de la procuración, administración e impartición de la justicia; ha comenzado el desmantelamiento del sistema de profesionalización de la función jurisdiccional construido durante los últimos treinta años, privilegiando perfiles con vínculos político-partidistas legítimos pero inconvenientes para el desarrollo de esta función; a lo largo del proceso existió un desconocimiento ciudadano generalizado sobre las implicaciones de la reforma al Poder Judicial y la elección de juzgadores, al tiempo que el alto abstencionismo, incluso superior a la del proceso de revocación de mandado y únicamente menor a la de la consulta popular para juzgar a los ex presidentes, no abona a la legitimidad del proceso.
Además de lo anteriormente señalado, existen algunos otros aspectos, particularmente de corte político, que dibujan un antes y un después para nuestro país y sus actores. Ahí está, en primer término, la ruptura de la institucionalidad desde un órgano del Estado hacia la oposición. Es innegable que, de un tiempo a la fecha, los partidos políticos de oposición han sido críticos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si bien en los últimos tiempos esto se ha agudizado, se trata de una actitud que no resulta ajena a nuestro sistema político. En el pasado la oposición ha acusado a jueces, magistrados y ministros de actuar de forma parcial. Sin embargo, a partir de la nueva conformación judicial esto se generalizará y, peor aún, provocará que los integrantes de la judicatura se confronten con políticos de oposición. La politización activa de jueces, magistrados y ministros terminará por fracturar la institucionalidad que tendría que caracterizar a un órgano del Estado como el Poder Judicial.
Aun cuando tuvo que haber sido una elección ciudadana en la que los partidos políticos no intervinieran, Morena decidió hacer del proceso no solo la ocasión para colocar juzgadores que le resultaran cercanos, sino el momento para poner a prueba su maquinaria de movilización territorial. En su apuesta, el partido hegemónico de México perdió. Más allá del debate sobre si ocho, diez o trece millones de votantes – considerando aquellos que fueron a las urnas por consideraciones partidistas más que de participación ciudadana – son suficientes para legitimar la elección, la cifra es pequeña si se considera que el partido en el poder asumió un papel activo en convencer o incluso incentivar la presencia de electores. Se puede estimar que la cifra de personas movilizadas por convencimiento partidista o por algún tipo de incentivo ronda los diez millones, cantidad menor si se considera que en la próxima elección de 2027 votarán alrededor de 65 millones de personas.
Al haber decidido apostar por esta elección, Morena provocó fracturas entre sus bases y dirigentes. En algunos casos, como Baja California o Sonora, esto se manifestó con una actitud de brazos caídos, provocando participaciones menores al diez por ciento de sus listas nominales. Se trató de una manera de manifestar inconformidad y de reservar recursos humanos, políticos y económicos para otros momentos y no para aquellos instruidos desde el partido. En otros territorios, los resultados dejan constancia de discrepancias políticas reflejadas en la orientación del voto que se dio, llevando a la presidencia de la Corte a un candidato por el que pocos apostaban y dejando constancia no solo de divisiones al interior de Morena, sino de pugnas llevadas a las casillas. El proceso no solo mermó el ánimo interno en el partido, sino que evidenció inconformidades y confrontó visiones y opiniones sobre el destino que aquél se ha trazado.
Las lecciones y los saldos preliminares de la elección judicial son estos y muchos más, tanto para lo sustantivo, como para las relaciones de poder. Conforme avancen los meses comenzarán a tomar forma y a asentarse estas y otras implicaciones que pueden tener la fuerza suficiente para incidir en la reconfiguración de los órganos del Estado y de las relaciones de poder.
Profesor y titular de la DGACO, UNAM
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