Pedro Sánchez Castejón, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), presidente de España desde el 2 de junio de 2018, parece haber llegado de forma irremisible al final de su carrera política y de su gobierno. Aupado al poder después de que ganase una moción de censura -primera instancia exitosa de ese procedimiento parlamentario en España- contra el gobierno del conservador Mariano Rajoy, del Partido Popular, bajo la acusación de corrupción institucional, con el apoyo del izquierdista Unidas Podemos y de varios partidos nacionalistas en Cataluña, el País Vasco y Galicia, y luego refrendó su mandato en las urnas por el mínimo de los márgenes en tres ocasiones; la última, por los pelos.
Sánchez se ha revelado como un auténtico estratega de la supervivencia y un artista sobresaliente del escapismo, capaz de abjurar de sus principios, opiniones y posturas y trocarlos por otros, opuestos, sin apenas hacer aspavientos, en una constante huida adelante con tal de permanecer en el poder a toda costa, recorrido que parece haber llegado a su fin, después de la revelación de los escándalos de corrupción de sus propios, José Luis Ábalos, antiguo secretario de Organización del PSOE, cargo del que dimitió en 2021, y ministro de Fomento, Santos Cerdán, quien dimitió de secretario de Organización del partido hasta junio de 2025 y entregó el acta de diputado, tras el escándalo, y de Koldo García, asesor principal de Ábalos, últimos en una serie de presuntas corruptelas que involucraron a su esposa, Begoña Gómez y a su hermano el director de orquesta, David, de mismos apellidos, no obstante conocido por su nombre artístico, Azagra.
La primera tiene abierta una causa judicial desde abril del 2024 por presunto tráfico de influencias y corrupción en sus negocios, bajo la acusación todavía no probada de haber aprovechado su calidad de esposa del presidente para lucrarse con sus socios en licitaciones públicas. El segundo ha sido también objeto de una investigación judicial -tampoco probada hasta ahora- por acusaciones de que se le habría otorgado una plaza de empleo público, creada ad hoc en Extremadura, sin haber cumplido con los requisitos legales para su obtención, lo que implicaría también malversación de fondos públicos.
De todas logró escabullirse Sánchez, alegando una “campaña de acoso” y una persecución política y mediática en su contra suya, de su cónyuge y de su familia. A diferencia de las anteriores, las actuales tramas de corrupción parecen largamente acreditadas por las grabaciones recopiladas y difundidas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil española, por las que esos altos cargos partidistas estarían seriamente implicados en actos de soborno y cohecho por cobros indebidos en comisiones sobre licitaciones de obras públicas con cargo al erario otorgados durante la pandemia y cobro de comisiones ilegales. Todo ello aderezado con sórdidas insinuaciones acerca de supuestos pagos a prostitutas y viajes y comidas de lujo con cargo al presupuesto.
Fue tal el impacto que las revelaciones causaron que Sánchez se vio obligado a mostrarse públicamente en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, comparecencia en la que pidió perdón y expresó su dolor y su desconcierto ante los hechos revelados, ofreciendo enseguida una auditoría externa a las cuentas del partido y una reestructuración de su Ejecutiva Federal A esas imputaciones se suman otras más graves que insinúan que Sánchez incurrió en prácticas fraudulentas para hacerse de la secretaría general del PSOE en las primarias internas de ese partido en 2014, en las que Sánchez se impuso a Eduardo Madina y nuevamente, de forma también aparentemente amañada en 2017 contra Susana Díaz y Patxi López; cargos que, de revelarse como verdaderos harían del presidente un delincuente político, susceptible de ser detenido por la Guardia Civil y llevado a juicio penal, en un hecho sin precedentes en la política española.
Incluso los cuadros de su propio partido, el PSOE, que hasta hace poco defendían al presidente de Gobierno a capa y espada, presionan ahora para que Sánchez dimita y permita que un sucesor pueda reconducir el rumbo de un gobierno, que hoy luce extraviado. Los socios de la coalición gobernante, Partido Nacionalista Vasco, Sumar y Junts per Catalunya han exigido a Sánchez aclaraciones urgentes al tiempo que han condicionado su apoyo a la continuidad de su gobierno. Por su parte, la oposición, encabezada por el Partido Popular de Alberto Núñez y secundada por el extremista VOX, exige el adelanto de elecciones.
Pese a esas presiones, Sánchez se ha mantenido -hasta ahora- obstinado acérrimo en su postura de agotar la presente legislatura y presentarse a nuevos comicios, en busca de una nueva reelección al cargo en 2027, extremo que, con toda probabilidad, no llegará a ocurrir.
Ahora todos los pronósticos y rumores apuntan a que Sánchez podría verse forzado a presentar su dimisión, tarde o temprano, quizás el próximo miércoles 18 en la llamada sesión de control parlamentaria, plenaria del Congreso de los Diputados español en las que el presidente de Gobierno debe comparecer, enfrentar interpelaciones y responder de viva voz a los cuestionamientos de los legisladores. De llegar a tal extremo, cabría esperar humillantes y vejatorios llamados a cuentas y bochornosas escenas de recriminación y, acaso, una moción de censura, esta vez en su contra.
Crecimiento económico
Más allá de las espinosas acusaciones de cohecho y corruptelas que embrollan a su gobierno y partido, el balance general de los siete años de gobierno de Pedro Sánchez ha sido positivo, con un crecimiento anual del PIB de 2 anual en los últimos 8 años-después, incluso, de la grave contracción del -10,9%, en 2020, provocada por la pandemia del covid-19.
En 2024 la economía española creció un 3,2 %, una de las tasas más altas de la eurozona, progresión impulsada por la sólida demanda interna, el vigoroso turismo y los fondos de recuperación de la UE, superando incluso a Alemania, Francia e Italia. Diversos economistas afirman que España se ha consolidado como un referente económico en Europa y presumen que dicho desempeño sobresaliente podría mantenerse a lo largo de 2025. El salario bruto medio anual en España pasó de alrededor de 23.000 € en 2017 a 31.700 € en 2024. No obstante, dicho incremento ha probado ser insuficiente para compensar la correspondiente y sustancial alza del costo de la vida en el mismo periodo.
Bajo su gestión la tasa de desempleo se redujo también de manera significativa al situarse en los 2.5 millones, o 10. 9% , la cifra más baja desde julio de 2008. La creación de cerca de medio millón de nuevos puestos de trabajo y un incremento récord en la afiliación a la Seguridad Social, son, indudablemente, otros logros en su haber. No obstante, peses a tales consecuciones, de llegarse a probar las denuncias en contra de Sánchez y los suyos, su presidencia, iniciada bajo el impulso y la promesa de regenerar y limpiar la corrompida política española podría terminar, paradójicamente, hundida en el mismo cieno de aquello que acusó.