La reciente resolución del Décimo Tribunal Colegiado que niega el amparo a Grupo Salinas marca un momento crítico para el sistema judicial mexicano. Más que una disputa fiscal, el caso desnuda una preocupante tendencia: la judicialización de agendas políticas en detrimento del derecho.
Grupo Salinas sostiene que el crédito fiscal, originado en 2012, es ilegal y que el tribunal omitió deliberadamente elementos claves de la Ley del ISR vigente en ese año. Alega además que no se atendieron impedimentos procesales debidamente planteados. Pero lo que más alarma es el trasfondo: magistrados que —según la empresa— actúan con sesgo y validan cobros “ilegales y abusivos”, favoreciendo sistemáticamente al SAT.
El caso no es aislado. Refleja un patrón en que el poder judicial parece dejar de ser árbitro neutral para convertirse en instrumento de presión, afectando derechos fundamentales como el debido proceso. Esto debilita no solo a las empresas, sino la confianza ciudadana en las instituciones. Frente a ello, Grupo Salinas anunció que llevará el caso a la Suprema Corte, convencido de tener la razón ética y jurídica. Más allá del resultado, el mensaje es claro: hay actores que no están dispuestos a ceder ante lo que consideran una justicia parcial.
ARANCELES: Durante el XXV Foro Nacional de Transporte de Mercancías, que organiza la Asociación Nacional de Transporte Privado, que lleva Alex Theissen, el panel sobre aduanas, donde participó Cindy McCorkle, Supervisory Supply Chain Security Specialist del Customs Trade Partnership Against Terrorism (CTPAT), comentó que el incremento de aranceles por parte de Estados Unidos, especialmente bajo medidas unilaterales como las aplicadas en febrero pasado, ha provocado un freno severo al comercio con México. La imposición de un 25% sobre productos mexicanos —en represalia por temas migratorios y de seguridad— paralizó operaciones fronterizas: en tres días, el cruce de tráileres pasó de 100 diarios a cero, dejando varados más de 50,000 camiones.
El impacto no se limitó al transporte. Sectores estratégicos como automotriz, acero y aluminio registraron caídas en exportaciones de hasta 40%. Además, el aumento de aranceles al 50% para productos que no cumplen con el T-MEC agudizó la incertidumbre entre fabricantes y exportadores.
La presión fiscal estadounidense también ha incentivado una ola de auditorías del CBP (Customs and Border Protection) para verificar el cumplimiento de reglas de origen. Las empresas mexicanas enfrentan no solo mayores costos, sino exigencias regulatorias más complejas. La respuesta empresarial debe ser estratégica: fortalecer cadenas de cumplimiento, establecer comités interdepartamentales y asegurar liderazgo activo en comercio exterior. La alta dirección debe involucrarse plenamente para resistir un entorno comercial cada vez más volátil y politizado.
CIERRE.- Por cierto que fue un éxito el Foro de la ANTP, en donde se celebraron los 25 años del evento y 30 años de fundada. En esta ocasión el tema relevante fue cómo la inteligencia artificial ha irrumpido en el sector, impulsando mayor productividad, mejores tiempos, rutas y sobre todo seguridad. Desde el centro de mando se tiene toda la bitácora de transporte. Desgraciadamente, es sólo entre los agremiados de la ANTP, donde participan las grandes cadenas de logística como Cemex, Bimboi, Sabritas, Coca Cola, entre otras empresas.