Pocas ocurrencias han sido tan dañinas, sobre todo por la forma perversa como se le invoca con cualquier finalidad o recurso como la Violencia Política de Género, cuya definición es brumosa y su categoría jurídica difusa. Una cosa sería la violencia DE género y otras CONTRA un género.
A falta de una mejor conceptualización acudo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (si algo queda de ella después de la ineptitud populista). Nos dice:
“Las elecciones presentan una oportunidad para poner a prueba una democracia. Que las mujeres puedan inscribirse para votar, presentar su candidatura y emitir un voto en secreto son indicadores de una democracia inclusiva. En cuantas más mujeres participen como votantes, candidatas, dirigentes de partidos políticos y personal electoral, más aceptación ganará su presencia en la política.
“Hoy en día la violencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.
“El aumento de su participación y representación política ha estado acompañado por un incremento de la violencia en su contra. En México, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES NO TIPIFICA LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO POR LO QUE NO HA SIDO TAREA FÁCIL PARA LAS AUTORIDADES ELECTORALES PERSEGUIRLA Y SANCIONARLA.
“Aquí uno se puede preguntar, sin no hay una tipificación cómo es posible una persecución y más aún, un castigo. Sigo con la CNDH:
“El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (no tiene caso ahondar en quienes manejan esas instituciones y por qué actúan como ll hacen; es obvio; la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Subsecretaría DDHH), la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), elaboraron el Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género con el compromiso decidido por garantizar el libre ejercicio de los derechos político-electorales como parte integral de la protección de los derechos humanos de las mujeres”.
Demasiada burocracia para tan poca materia, aunque ahora se le invoque hasta para evitar una multa de tránsito.
Tan confuso como el concepto mismo, o mejor dicho, la extensión de ese concepto a otros temas el dicho protocolo (si se le entiende como un procedimiento, no como un reglamento), no compensa las oquedades de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la cual es pastura corriente para un elefante blanco.
La violencia política de género es absolutamente sexista como concepto.
Si a un aspirante a alcalde lo asesinan, se habla de un homicidio. O de un crimen político.
Si la víctima es una mujer, se apela al feminicidio, la violencia política de género, el machismo, el patriarcado, la falocracia y hasta el final, se habla de un asesinato.
Y así todo se esgrime como violencia política de género como si la condición femenina fuera la única merecedora de atención exclusiva y excluyente.
El sexismo contemporáneo –asociado a la censura-- es apabullante. ¿Por qué existe una secretaría para las mujeres? Además de lograr plazas laborales para cientos de ellas afiliadas –obviamente-- a la corriente política dominante, ¿cuál es su utilidad? No lo sé, posiblemente con su amplia cultura doña Citlali pueda orientar a los ignaros.
Pero mientras nos ilustra o no, las mujeres están dispuestas a instaurar el matriarcado ventajoso; no la igualdad.
Y si algo se les dice, raudas vienen las acusaciones: acoso, machismo, sexismo, etc. Todo el catálogo cuya vigencia permite confundir la igualdad con la revancha hasta en contra de quienes son ajenos al fenómeno de su arribazón –muchas veces por “cuotismo”; otras por “cuatismo” --, a los cargos públicos.
Hasta “La Llorona” ha sido señalada cómo una leyenda sexista.
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