A nadie conviene que las fuerzas armadas operen en el limbo. Contar con un marco legal integral, claro, de modo que todos sepan que se vale y que no vale hacer, les sirve a los elementos castrenses, pero también a la sociedad en su conjunto, comenzando por los analistas de la prensa.
Es necesario que soldados, marinos y agentes de la GN, tengan atribuciones acordes con el desafío que enfrentan. Operan aquí dos de las bandas criminales más importantes del mundo, lo apunto sin exagerar, el Cartel de Sinaloa y el CJNG, más docenas de grupos menos numerosos, pero no menos peligrosos, con presencia en prácticamente todos los municipios del país. La delincuencia está perfectamente pertrechada y tiene incontables vasos comunicantes con la comunidad empresarial para lavar sus ganancias ilícitas en todo tipo de negocios, desde farmacias hasta casinos.
Eso, lo de la necesidad de un marco legal claro y suficiente, y la construcción de un sistema de seguridad pública en el que todos sus integrantes tengan claras atribuciones y responsabilidades son cuestiones básicas, elementales. Claro que por la relevancia de los temas lo mejor sería un debate amplio y un cuidado de las formas legislativas, pero ese es otro tema. Que las fracciones de Morena en el Congreso tengan flojera de hacer trabajo de convencimiento y búsqueda de consensos y tomen de manera sistemática el atajo del mayoriteo es otro apartado, también importante, pero diferente. Si las legislaturas del oficialismo en diversos estados del país consideran un mérito digno de aplauso aprobar las reformas sin ni siquiera leerlas, es una traición a su papel de hacedores de leyes e impideun debate nacional sobre temas de primera importancia como la seguridad.
Lo importante es que cada atribución que se entregue a las fuerzas armadas tenga el contrapeso de la rendición de cuentas. No se trata de expedir un cheque en blanco y olvidarse del asunto. Está bien, por ejemplo, ampliar las capacidades de investigación, pero también establecer en la ley los límites que no se pueden rebasar y las sanciones que recibirán los que se pasen de listos. En materia de seguridad lo hecho por el gobierno del Segundo Piso de la 4T es encomiable, pero el camino por recorrer todavía es inmenso.
En Sinaloa, por ejemplo, aunque el cartel de Pacífico no es y no volverá en mucho tiempo el poder que era, todavía falta mucho para asegurar que la entidad está libre de organizaciones criminales. Se requiere tiempo, dinero y esfuerzo, más tiempo, más dinero y más esfuerzo para cantar victoria, a pesar de que, nada cuesta reconocerlo, trabajan todos los días, mañana, tarde y noche.
Se necesita, sobre todo, que otras instancias hagan su parte, me refiero, por ejemplo, a los vendedores de armas en EU, a los lavadores de dinero y desde luego a los consumidores. Las autoridades mexicanas y de Estados Unidos hablan muy poco de los consumidores porque hacerlo supone un costo político, pero los consumidores, aquí y allá, son el núcleo del problema, son el mercado, son los que ponen dinero en manos de sus dealers, y además la mayoría de ellos, que se meten drogas todos los fines de semanas, se quejan amargamente de la falta de seguridad cuando son el motor del problema.
La gente en las encuestas dice que tiene miedo, pero hace muy poco en su entorno por recuperar la paz, por ejemplo, parar de inmediato su consumo de estupefacientes. En suma, es un paso adelante que las fuerzas armas tengan un marco legal claro en materia de seguridad pública, con atribuciones de ley que les permitan combatir a una delincuencia empoderada, que ha crecido de manera exponencial en lo que va del siglo y acumuló poder suficiente para desafiaral Estado mexicano.