Decíamos ayer acerca de la traición al futuro implícita en la rendición de la Cuarta Transformación en cuanto a la reducción de la edad para pensionar a la burocracia educativa (y esto no es una ironía), como parte del progresivo paquete de concesiones a la CNTE a cambio de una casi siempre traicionada “paz social”.
Los argumentos para esa hipoteca del mañana ya fueron publicados el martes por la tarde, en un decreto fulminante. Gobernar por ucase, es la solución cuando ni siquiera se necesita pues el consenso tumultuario legislativo favorece al gobierno. Pero es la típica urgencia de hacerlo todo al corre y corre.
A pesar de la benévola naturaleza, redentora y filantrópica del decreto, al exponer sus motivos (sin mencionar la rendición ante el mitin y el motín) hay un párrafo escalofriante en el cual se avizoran los graves problemas financieros originados en decisiones de este tipo, y sin embargo se pasa por encima de ellos gracias a un planteamiento ideológico y de propaganda: los problemas financieros se resuelven si se dice Cuarta Transformación como un ensalmo mágico.
Veamos:
“…Que para la implementación de las acciones en este rubro, se deben contemplar y analizar la edad de la población y su comportamiento futuro, así como las proyecciones de crecimiento económico, inflación, incrementos salariales y otras obligaciones fiscales gubernamentales, como la pensión de adultos mayores, otros regímenes pensionarios, los programas del bienestar y los nuevos derechos sociales alcanzados durante la Cuarta transformación, sin comprometer los equilibrios fiscales del país…”
Está perfecto. Uno se puede tirar por la ventana sin comprometer la ley de la gravedad. Una absoluta irresponsabilidad, si se toma en cuenta el carácter no contributivo (o insuficientemente contributivo) del dadivoso sistema del bienestar cuya utilidad no es socialmente redentora sino electoralmente productiva.
Pero a pesar de esto, las consideraciones del decretazo siguen firmes en su benevolencia:
“…Que es necesario realizar acciones que permitan reconocer el derecho de las personas trabajadoras al servicio del Estado a acceder a una pensión justa y digna, lo cual es acorde con la Recomendación 162 de la OIT (…) misma que propone a los Estados adoptar medidas para flexibilizar la edad de admisión para las prestaciones de vejez, de acuerdo con las actividades desempeñadas y la capacidad de las personas de edad avanzada, teniendo también en cuenta factores demográficos, económicos y sociales;
“Que de acuerdo con lo establecido en dicha Recomendación, lo procedente es detener el incremento de la edad mínima de jubilación para el año 2025 y reducirla gradualmente, iniciando con un año en la edad de jubilación cada tres años hasta concluir en el año 2034 para llegar a 53 años de edad para trabajadoras al servicio del Estado y 55 años de edad para trabajadores al servicio del Estado, con la finalidad de que las personas trabajadoras al servicio del Estado no tengan que esperar más años para acceder a su derecho fundamental…”
--¿Y el dinero para mantenerlos un cuarto de siglo hasta los 80, de dónde?
Hoy se aplica una concesión de emergencia cuyo resultado, en poco tiempo, agravará un problema financiero sin resolver la rentable y chantajista inconformidad del primitivo magisterio nacional.
“…la deuda nacional por pensiones ya rebasa el 100 por ciento del Producto Interno Bruto (PVC), lo que representa más de tres veces la deuda pública total y más de diez veces la base fiscal del país... Con base en los datos oficiales recabados, la próxima crisis documenta que las pensiones públicas del país arrojan un pasivo actuarial (o presión financiera total a precios actuales) de 104% del PIB del año 2010.
“La conclusión es clara: o se reforman urgentemente los sistemas públicos de pensiones y los arreglos pensionarios del sector paraestatal o muy pronto no habrá recursos públicos para garantizar dichas obligaciones, a menos que se castiguen otros rubros prioritarios para la sociedad…”
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