El nombramiento de Hugo López-Gatell como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) no solo confirma el respaldo político que el exsubsecretario mantiene al más alto nivel, sino que revive los cuestionamientos sobre el manejo de la pandemia de COVID-19 y los conflictos de interés que lo rodearon.
De acuerdo con información documentada mediante solicitudes de transparencia y reportes oficiales de donatarias autorizadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante la gestión de López-Gatell se tejió una red de intereses donde confluyeron financiamiento extranjero, tráfico de influencias y decisiones de política pública con consecuencias fatales: más de 288 mil muertes por COVID-19, que colocaron a México entre los países con mayor mortalidad en el mundo.
El documento revela que, en vez de aplicar políticas alineadas con la experiencia internacional -como el uso obligatorio de cubrebocas o una estrategia agresiva de vacunación- López-Gatell centró su discurso en atacar alimentos procesados y promover medidas alineadas con los intereses de Michael Bloomberg y Alejandro Calvillo, director de la ONG El Poder del Consumidor. Entre 2017 y 2023 esta organización canalizó más de 355 millones de pesos provenientes de Bloomberg para influir en decisiones de salud pública en México.
El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), bajo la dirección de figuras cercanas a López-Gatell como Simón Barquera y con la participación de su exesposa, la investigadora Arantxa Colchero, también recibió financiamiento directo. En 2020, por ejemplo, el INSP firmó un contrato de donación por 1.7 millones de dólares con The Bloomberg Family Foundation Inc para desarrollar estudios que sirvieran de base a impuestos a alimentos y bebidas, restricciones publicitarias y etiquetados frontales. Estas políticas fueron las mismas que López-Gatell impulsó durante la pandemia.
Los pagos a estos investigadores no fueron menores: Barquera y Colchero recibieron más de 80 mil dólares en conjunto, mientras otros colaboradores clave obtuvieron sumas adicionales. Además, los estudios financiados desde 2012 por Bloomberg consolidaron la narrativa que se impulsó oficialmente en México.
El reporte señala que estas actividades constituyen un conflicto de interés y violan tanto la ley mexicana -que obliga a los servidores públicos a evitar y declarar intereses que afecten su desempeño imparcial- como la legislación fiscal de Estados Unidos, que prohíbe a organizaciones como Bloomberg Philanthropies financiar acciones destinadas a influir en políticas públicas.
En este contexto, el nombramiento de López-Gatell a un puesto internacional de alto perfil no solo provoca escozor entre quienes recuerdan los estragos de su gestión, sino que plantea una pregunta de fondo: ¿será el nuevo embajador de la salud mexicana en la OMS un representante imparcial o un operador de agendas ajenas al interés público?
Por cierto:
1. OJO. En el gobierno de Clara Brugada están decididos a poner un alto a la basura que inunda la Ciudad de México cada vez que llueve. La mandataria capitalina alista un programa integral de gestión de residuos que buscará que la separación de desechos comience en casa y que los ciudadanos reciban vales de Mercomuna a cambio de sus residuos reciclables. La idea es que plásticos, cartón y vidrio dejen de terminar en presas y coladeras, donde ya provocaron estragos: tan solo en una lluvia reciente se retiraron 15 toneladas de basura de la presa Becerra. En el equipo de Brugada reconocen que el Plan Tlaloque ha funcionado frente a las emergencias, pero admiten que, si la ciudadanía no colabora, ningún desazolve millonario será suficiente para evitar inundaciones como las que ya marcaron este lluvioso 2025.
Vivo la noticia, para contarle la historia
@juanmapregunta