Por décadas, el federalismo mexicano ha navegado entre la retórica constitucional y la realidad centralista del poder. En teoría, la base de la organización política en México es el municipio libre. Así lo consagra el artículo 115 de la Constitución. En los hechos, sin embargo, la estructura del poder público sigue marcada profundamente por una lógica presidencialista que reduce las capacidades de los gobiernos locales y limita su posibilidad de ser actores protagónicos en el desarrollo del país.
En la década de los años noventa, se promovió una de las reformas constitucionales más importantes en la historia reciente del federalismo mexicano: la reforma al artículo 115, cuyo objetivo fue dotar a los municipios de facultades exclusivas y fortalecidos márgenes de gestión política, administrativa y financiera. Esta reforma fue impulsada en un contexto de transición democrática y descentralización, con la expectativa de que los gobiernos municipales pudieran asumir con responsabilidad y eficacia funciones clave en la vida pública, entre ellas la prestación de servicios básicos, el ordenamiento territorial, la seguridad pública y el manejo de recursos naturales.
Uno de los instrumentos presupuestales que se diseñaron para materializar esa reforma fue el Ramo 33, oficialmente conocido como Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Este mecanismo buscaba transferir recursos etiquetados directamente a los municipios para garantizar el cumplimiento de sus nuevas responsabilidades, con criterios de equidad, corresponsabilidad y transparencia. No obstante, a casi tres décadas de su implementación, los resultados distan considerablemente de los propósitos originales. Las metas de fortalecimiento institucional, mejora de los servicios públicos y promoción del desarrollo local no se han alcanzado.
La debilidad del federalismo municipal no se limita al ámbito presupuestal. Uno de los fracasos más notorios de la reforma al 115 es el relativo al uso de suelo, cuya regulación se delegó a los gobiernos locales con la intención de fomentar el orden urbano y el desarrollo sustentable. Lo que se ha observado en la práctica, sin embargo, es una espiral de corrupción y especulación inmobiliaria, con gobiernos municipales convertidos en cómplices -o en ocasiones en promotores- de desarrollos urbanos que violan normas ambientales, despojan a comunidades, privatizan el espacio público y agudizan la fragmentación socioespacial.
Otro ámbito crítico ha sido el de la gestión del agua potable, donde la creación de organismos operadores municipales terminó, en múltiples casos, por constituirse en verdaderas “cajas chicas” para intereses políticos particulares. La lógica de la rendición de cuentas se desdibujó, mientras la crisis del agua en muchas regiones del país se ha mantenido e incluso agravado. A esta situación se suma el uso discrecional del recurso hídrico para favorecer intereses extractivos, como en el caso de la minería o la agroindustria, en detrimento del derecho humano al agua y de la sustentabilidad ecológica.
Tampoco la seguridad pública escapa al diagnóstico negativo. La precariedad presupuestal, la falta de profesionalización policial, la penetración de intereses del crimen organizado y la inercia centralista han impedido que la mayoría de los municipios cumplan con esas funciones. En muchos casos, la seguridad pública local es inexistente o se encuentra colapsada.
En este contexto de fragilidad estructural de los municipios, el proyecto de la llamada Cuarta Transformación ha acentuado el proceso de centralización del gasto público, especialmente en el ámbito de las políticas sociales. Si bien estas políticas han tenido impactos relevantes en términos de cobertura, su lógica vertical ha contribuido a la erosión de los gobiernos locales, desplazándolos de los procesos de diseño, implementación y seguimiento de programas fundamentales para el bienestar social.
La reducción del papel de los municipios a meras “gerencias” de las decisiones federales y estatales, no sólo debilita su capacidad operativa, sino que también deteriora el tejido democrático al distanciar a la ciudadanía de sus autoridades más cercanas.
Por todo ello y por muchas otras razones, resulta urgente una nueva revisión del federalismo mexicano, que parta de una evaluación integral de los resultados de la reforma al artículo 115 y que retome el espíritu descentralizador con una visión renovada. Esta revisión debe incluir de forma impostergable la reforma fiscal y hacendaria pendiente, orientada a generar mecanismos equitativos de distribución de recursos y a fortalecer las capacidades recaudatorias y de gestión de los gobiernos locales.
Se requiere también una comprensión más profunda de la diversidad municipal del país, que considere las enormes diferencias entre los municipios metropolitanos, las grandes ciudades, los municipios medianos, los rurales e indígenas. Una política homogénea y centralizada resulta, por definición, inadecuada para un país con más de 2,450 municipios tan heterogéneos en recursos, población, identidad cultural y retos territoriales.
Muchas de las soluciones estructurales que México necesita en áreas como desarrollo económico, salud pública, adaptación climática, educación, cultura y convivencia democrática, sólo podrán construirse desde lo local. Para ello se requiere una estrategia nacional de fortalecimiento comunitario, que promueva el arraigo, la identidad, el respeto a los patrimonios ecológicos y culturales, y la construcción de vocaciones productivas específicas.
México necesita una nueva institucionalidad de fomento al federalismo, que potencie la autonomía municipal, promueva el desarrollo local y canalice el potencial transformador de los gobiernos municipales. Pero paradójicamente, esta posibilidad se aleja mientras el hiperpresidencialismo siga fortaleciéndose. La centralización de poder y de recursos es tan ineficiente como profundamente antidemocrática. Revertir esta tendencia es indispensable si queremos una República auténticamente federal, pluralista y democrática. La reconstrucción del país, sin duda, debe comenzar por sus municipios.
Investigador del PUED-UNAM