La desaparición de personas es un tema profundamente doloroso que a pesar de importantes esfuerzos por parte de gobiernos, sociedad civil y las propias familias, continúa sucediendo en todo el mundo. En México, a lo largo de los últimos años, los sistemas y comisiones de búsqueda y localización de personas desaparecidas, ha tenido importantes avances y ahora, con las reformas presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum en marzo de 2025, se busca mejorar de nueva cuenta el enfoque institucional para el manejo de estos casos.
Las implicaciones de éstas son significativas y complejas, tanto para las instituciones encargadas de implementarlas como para los actores clave involucrados en el proceso, incluidos fiscales, comisiones de búsqueda, abogados, y sobre todo las familias de las personas desaparecidas que son víctimas indirectas de la desaparición.
En primer lugar, la creación de la Plataforma Única de Identidad, que integrará la CURP con información biométrica (huellas dactilares y fotografía), representa un avance importante para las autoridades de seguridad y justicia, pues permitirá un sistema interconectado de alerta y búsqueda. Para las fiscalías, este sistema tiene la potencialidad de agilizar la recolección y el cruce de datos, eliminando los retrasos previos por la falta de información centralizada, siempre que los sistemas se mantengan vigentes y actualizados.
En este punto, es importante decir que las fiscalías deberán adaptarse rápidamente a esta nueva estructura digital, lo que requerirá una capacitación intensiva y recursos suficientes para poder operar de manera efectiva, pues si bien el acceso inmediato a bases de datos más completas puede hacer más eficiente la localización, el verdadero desafío radica en la capacidad de las fiscalías para gestionar la sobrecarga de datos, priorizar los casos con mayor urgencia y sobre todo mantener un abierta y sostenida comunicación, tanto con las otras dependencias encargadas de participar en la búsqueda, como con las propias familias. Un reto adicional es reconocer en los sistemas actuales de desaparecidos, todas aquellas ausencias voluntarias, las cuales han llegado a ocupar en muchos casos más del 80% de estos registros. En este sentido, es imperante mantener el carácter prioritario de estas denuncias, pero una vez resueltas, deben ser correctamente clasificadas como casos resuelto, para tener un universo preciso de las búsquedas activas y de esta manera una magnitud real.
Por otro lado, los grupos de buscadores verán en estas reformas una herramienta potencialmente útil, y al mismo tiempo, un desafío adicional, pues se otorga mayor agilidad a la apertura de carpetas de investigación y a la interconexión de bases de datos. Por lo que los grupos de buscadores deberán asegurarse de conocerlas a detalle, para armonizar los esfuerzos civiles y gubernamentales en el terreno, además de seguir velando por que los nuevos mecanismos no afecten los actuales esfuerzos de búsqueda.
El papel de los profesionales del derecho también se verá impactado, pues la nueva legislación presenta un panorama cambiante en el manejo de los casos de desaparición forzada y cometida por particulares. Ésta iniciativa imcluye la apertura inmediata de carpetas de investigación y la interconexión de bases de datos, exigirán a los abogados un enfoque técnico más sofisticado, especialmente en lo relacionado con la protección de los derechos humanos de las víctimas y la correcta utilización de la información. Asimismo, se proponen sanciones a los servidores públicos que no cumplan con sus responsabilidades en el proceso de búsqueda, lo que abre la posibilidad de jugar un rol clave en la defensa de las víctimas, exigiendo la rendición de cuentas y actuando como garantes de que las reformas no se queden solo en el papel.
A nivel institucional, también se aborda un fortalecimiento de las comisiones nacionales y estatales de búsqueda, que verán incrementadas sus capacidades operativas mediante la creación de unidades especializadas en delitos cibernéticos, análisis de contexto y atención a víctimas. Este es un paso positivo, pues estas comisiones históricamente han carecido de recursos suficientes y de personal especializado para abordar los casos de desapariciones con la profundidad y celeridad que requieren. Sin embargo, la implementación de este fortalecimiento requerirá no solo de un aumento en el presupuesto, sino también de un cambio cultural dentro de las instituciones encargadas, para garantizar que el proceso no se vea empañado por la falta de coordinación entre los diversos actores involucrados.
Por otro lado, también se establece la incorporación obligatoria del sector privado, como empresas de telecomunicaciones, transporte y servicios financieros, en el proceso de búsqueda. Este aspecto representa una innovación muy importante, ya que permitirá acceder a información clave que puede ser vital para localizar a las personas desaparecidas. Sin embargo, la participación de estos actores también genera desafíos en términos de la protección de datos personales y la regulación del uso de la información, por lo que será fundamental que se incluyan mecanismos claros de control.
En términos de sanciones, se incrementan las penas por el delito de desaparición forzada, con el objetivo de dar una señal clara de la gravedad de este delito. Sin embargo, la implementación debe ir acompañada de un sistema de monitoreo y evaluación constante para garantizar que se aplique correctamente.
Esta iniciativa de la presidenta Sheinbaum es una oportunidad crucial para mejorar el sistema de localización de personas desaparecidas en México. Si bien tiene el potencial de transformar la respuesta institucional y mejorar la eficiencia del sistema, su efectividad dependerá de la capacidad de los actores clave, como las fiscalías, los grupos de buscadores, los abogados, y las propias familias de las víctimas, para garantizar que no se quede solo en el marco normativo, sino que se traduzcan en acciones concretas que realmente beneficien a quienes más lo necesitan.
Cómo verán, la desaparición de personas es un fenómeno doloroso para la sociedad, que enmarca una complejidad que va mucho más allá de la parte institucional. Al final, el arte de gobernar va más allá del diseño de las normas, se requiere de capacidad técnica y operativa, así como de voluntad de todas las partes para implementar esas políticas que beneficien a la sociedad.