El sábado 5 de julio una marcha contra la gentrificación en las colonias Roma, Hipódromo, Condesa y Juárez concluyó con la destrucción de 13 locales comerciales. Entre ellos una pérgola en vía pública en la calle de Orizaba. Como siempre, los organizadores que convocaron a la manifestación se deslindaron de los actos de violencia, que fueron perpetrados por encapuchados; la policía observó los hechos sin intervenir, ante la angustia de los comensales y trabajadores de los restaurantes y cafeterías, y las autoridades políticas sólo hicieron una tibia condena a lo sucedido, no por los daños ocasionados, sino por la actitudes xenófobas y clasistas.
Las cuatro colonias, fundadas en el porfiriato como modelo de la modernidad, con arquitectura afrancesada y pobladas originalmente por clase media alta, están en el centro de la Ciudad de México, en el poniente de la Alcaldía Cuauhtémoc, que es donde se concentra la mayor cantidad de población flotante y turística de la zona metropolitana, con la mayor infraestructura de movilidad y una gran concentración de comercio y oferta gastronómica. Si se compara el valor de venta del metro cuadrado de terreno con el de otros barrios de la Cciudad, éste sólo es inferior a Polanco, es decir, oscila entre 60 y 90 mil pesos, dependiendo de la ubicación específica. Lo mismo sucede con las rentas. Es un espacio urbano comercial y de vivienda de clase media y jóvenes, según el perfil demográfico.
La jefa de gobierno manifestó abiertamente su apoyo al movimiento anti gentrificación y, aunque condenó la xenofobia que afloró en la marcha, es evidente que coincide con lo que aparentemente defienden sus líderes, que es un cambio de las políticas de vivienda. En la misma línea de acción, se inscribe la reforma inquilinaria del 2024, que tiene como propósito limitar el aumento de renta en casa habitación y evitar su aumento desproporcionado. Hoy el monto de las rentas de casa habitación están semi congeladas y sólo se pueden aumentar anualmente conforme a la inflación.
La falta de claridad en las políticas de ordenación urbana se hizo evidente con la marcha. Por un lado, en 2022, la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se alió con Airbnb y la UNESCO para promover el turismo creativo y el modelo eran estas cuatro colonias. Además, emitió un decreto para autorizar la ocupación de banquetas y arroyos vehiculares por los restaurantes y cafeterías por un pago único de alrededor de 3 mil pesos. Por el otro, se acusa al turismo inmobiliario de ser la principal causa del desplazamiento de los vecinos arraigados y no se castiga la destrucción de los bienes que se ocupan para negocios particulares construidos en la vía pública, como sucedió con la pérgola en las calles de Orizaba.
Hoy, las aguas se mueven en contra de la vocación turística de la zona que es irreversible. La densidad poblacional de las cuatro colonias es alrededor de 1,200 personas por kilómetro cuadrado y contrasta con la de la alcaldía Cuauhtémoc que es de 16 mil. La conversión a que sean zonas preferentemente habitacionales implica la construcción de enormes multifamiliares y la transformación de su fisonomía urbana.
Ahora bien, cualquier política de vivienda que pretenda condicionar autoritariamente el dinamismo de esa zona de la ciudad pondría fin a su rescate que se inició en los años noventa del siglo pasadoa después de los sismos de 1985 y del abandono de la política de rentas congeladas que deterioró, gravemente, la condición de los inmuebles que durante más de cuarenta años no recibieron el mantenimiento adecuado por las bajísimas rentas. Había edificios abandonados a su suerte, que se convirtieron en condominios después de largos y costosos procedimientos judiciales y solo asi pudieron ser renovados. Hoy, seguramente, muchos de esos departamentos son destinados al turismo inmobiliario.
Los movimientos anti gentrificación en estas cuatro colonias sólo muestran las mentiras y las complicidades de las autoridades. Mientras las rentas se encarecen, los restauranteros ocupan “gratis” la vía pública a contentillo de los inspectores y sus jefes y las casas se convierten en edificios.
La pérgola destruida en el número 76 de la calle de Orizaba desnuda a todos. Se desinstaló en el gobierno pasado y se instaló nuevamente en este. ¿Quién autoriza la disposición de bienes de uso común? ¿Quién se beneficia? La pérgola no era un puesto semifijo, era una construcción en el arroyo vehicular. Nadie justifica su destrucción, pero la pregunta es: ¿realmente importa la vivienda accesible o quien controla y decide el uso del suelo en esa zona? Tal vez son los especuladores inmobiliarios que buscan más licencias de construcción y los grupos políticos que pretenden legitimar una estrategia inquilinaria populista, quienes están atrás de esta marcha y de los misteriosos encapuchados. Al tiempo.
Profesor de la Universidad de las Américas Puebla
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