Con la reciente promulgación de la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, orientada entre otras de sus dimensiones, a los aspectos formativos, estaremos ante una transformación estructural, que promete dotar a los agentes de herramientas técnicas, jurídicas y éticas para enfrentar los retos que plantea la inseguridad en un contexto como el que enfrentamos actualmente en México. Más allá de una actualización normativa, con la creación de la Academia Nacional de Seguridad Pública se responde de fondo a la necesidad de elevar la calidad de manera homogénea en todas las academias ya existentes, y amplificar la capacidad institucional para cubrir grandes vacíos en la oferta para el sector de la seguridad pública. Evidencia de esto último es la respuesta de 28 mil aspirantes a la convocatoria inicial para integrarse al servicio público en esta nueva etapa que promete una lógica distinta: menos corporativa y más comprometida con la idea de país que se impulsa desde la presidencia.
Esta nueva Ley, además de los aspectos formativos, también establece estándares institucionales mínimos que, si se aplican con rigor, pueden marcar una diferencia fundamental, pues se plantea que, en lugar de evaluar exclusivamente a los elementos de seguridad de forma individual, se revisará a las instituciones en su conjunto. Es decir, sus estructuras internas, procesos disciplinarios, esquemas de profesionalización, áreas especializadas en atención a víctimas y violencia de género, entre otros. La inclusión de prestaciones mínimas garantizadas para todos los cuerpos policiales será también un paso fundamental para la dignificación del trabajo en seguridad, históricamente precarizado. Este enfoque responde a una premisa conocida, pero hasta ahora poco atendida: sin institucionalidad sólida, no hay margen para una política de seguridad sostenible.
Ahora bien, su eficacia dependerá en gran medida de su articulación con acciones comunitarias que logren construir entornos seguros desde el territorio. Las Jornadas por la Paz, que han llegado a cientos de parques y escuelas con actividades culturales, deportivas y recreativas, contribuyen a reconfigurar el clima social. Iniciativas como el intercambio de juguetes bélicos por juegos educativos o la plantación de árboles con participación juvenil no son acciones simbólicas menores, pues la evidencia ha demostrado que en contextos donde el tejido comunitario ha sido erosionado, toda intervención que propicie convivencia, apropiación del espacio público o reflexión sobre la violencia, es una inversión necesaria.
A ello se suman los Consejos de Paz y Justicia Cívica, instancias interinstitucionales que articulan a gobiernos y sociedad para intervenir sobre causas estructurales de la violencia. Su anclaje en comunidades y escuelas busca modificar entornos que, por décadas, han funcionado como incubadoras de conflicto. Desde esta lógica, la ley no solo regula: habilita procesos de transformación social que requieren continuidad, evaluación y participación efectiva.
En paralelo, la Estrategia Nacional Antiextorsión responde a la urgencia de contener uno de los delitos que más afecta la vida cotidiana. Aunque la extorsión, por su propia naturaleza, no siempre tiene la visibilidad mediática que tienen otros delitos, su impacto económico, psicológico y social sobre personas, familias y pequeños negocios, es profundo y para evidencia recordemos las 37 detenciones iniciales que, junto con otros operativos recientes en Michoacán, reflejan una voluntad de actuación, pero también una deuda acumulada. Aquí, la clave estará en la coordinación efectiva entre fiscalías, policías locales y autoridades federales. Ya lo hemos dicho antes: no se trata solo de intercambiar información o realizar operativos conjuntos, sino de construir una política integral que combine inteligencia criminal, persecución penal y protección a víctimas. El reto, como en otras áreas, no es la falta de diagnóstico, sino la implementación sostenida.
En suma, lo que está en juego con esta Ley no es únicamente la reorganización del actual sistema de seguridad pública, sino la posibilidad de renovar el pacto entre Estado y ciudadanía. Una ley que educa y una educación que protege, pueden ser elementos transformadores, siempre y cuando se comprenda que la seguridad y la paz no se imponen, se construyen.