En el sector financiero, en el sector bancario y bursátil, ha quedado demostrado que la regulación para detectar y prevenir el uso del sistema de pagos para el blanqueo de capitales y para delinquir, se ha limitado a un proceso administrativo con un bajo nivel de efectividad. Los reportes sobre actividades sospechosas o relevantes que deben emitir los participantes en el sector financiero se limitan a un registro administrativo que, muy pocas veces, se han transformado en investigaciones exitosas y con resolutivos contundentes. En el peor de los casos, el bloqueo de cuentas ha tenido que levantarse ante amparos obtenidos a través de jueces oficiosos que conocen cuál es el talón de Aquiles de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Usted seguramente recuerda el caso de la investigación de Santiago Nieto conocida como Agave Azul.
Sin embargo, desde el gobierno de Donald Trump y ante la aplicación de la Ley Fentanilo Fuera (The FEND Off Fentanyl Act), México tiene que hacer frente a nuevos desafíos.
En mayo pasado se publicó el decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para crear la nueva Dirección Contra Organizaciones Delictivas adscrita a la dependencia hacendaria, en donde el perfil del titular Omar Reyes, a cargo de la Dirección de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cobra todo el sentido. Ahora, también será clave conocer el nombre del otro funcionario que se hará cargo, reportando a Reyes, de la nueva dirección contra organizaciones delincuenciales que tendrá una actuación medular en la coordinación de información para compartir con autoridades extranjeras. Esta unidad especial fortalecerá la operación de la UIF en todas las áreas relacionadas con el lavado de dinero, con lo que tendrá más capacidad de investigación e inteligencia para investigar el blanqueo de capitales. La creación de esta nueva dirección se da en el marco de la declaratoria de grupos del crimen organizado como organizaciones de tipo terrorista de origen extranjero.
La UIF y la amenaza desde EU
El Departamento de Estado identificó a ocho cárteles, principalmente mexicanos, como organizaciones terroristas extranjeras y globales. Hasta ahora, sin embargo, en México era más fácil que se judicialice, se persiga y se castiguen delitos menores que el blanqueo de capitales, lo que constituye una seria vulnerabilidad para el Estado de derecho y para las operaciones bancarias. Los bancos y los intermediarios del sistema financiero invierten cada año millones de pesos en procesos para reportar a la UIF transacciones sospechosas y relevantes sin que, hasta ahora, se tenga una sola sentencia en firme por lavado de dinero. Si bien, las instituciones financieras tienen que responder a las solicitudes de bloqueo de cuentas en el momento en que se lo solicite la autoridad, no se tiene un marco legal clara sobre cómo avanzar en el congelamiento de bienes relacionados con el crimen organizado. Resulta, entonces, que los bancos sostienen una regulación costosa para su operación sin resultados tangibles para el Estado de derecho en el país. En los últimos tres sexenios, del 98% de las denuncias por lavado de dinero, sólo se ha castigado el 2%.
A Pablo Gómez, ex legislador y una de las figuras que dio seguimiento con mayor puntualidad a la presencia de dinero ilícito en campañas políticas, le preocupaba mucho este tema y quizás por ello su salida de la UIF para hacerse cargo de la reforma electoral tiene mucho sentido.
Omar Reyes al frente de la UIF tendrá el desafío de entender las acciones del FINCEN, de la Unidad Antilavado del Departamento del Tesoro, y de su titular Kenneth Blanco, quien en todo momento ha dejado claro que, de las investigaciones relacionadas con el narcotráfico, en donde participan testigos protegidos – sin importar que no se cuente con sentencia alguna – obtendrá toda la información que sea necesaria para emitir alertas y atajar posibles operaciones de blanqueo de capitales. La UIF tendrá que ir adelante del FINCEN y para eso se necesitaba una visión pericial y hasta policíaca. De ello, por cierto, dependen la defensa de nuestro sistema de pagos frente a la deriva autoritaria de Trump.