El sábado pasado la presidenta Sheinbaum anunció la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual tendrá como objetivo la elaboración de un diagnóstico del estado en el que se encuentra el modelo electoral y de partidos, y confeccionar una reforma legislativa acorde con los tiempos actuales en México, en donde se ponga en el centro la democracia y el pueblo.
Aunque apenas se conformó esta comisión, no es un secreto para nadie que desde hace tiempo se contempla la reducción del número de legisladoras y legisladores en el Congreso de la Unión, así como de las prerrogativas que año con año se otorga a los partidos. Pero más allá de los números, de lo que ha hablado la presidenta es de una transformación profunda del sistema político mexicano, que recupere el principio de no reelección para todos los cargos de elección popular, incluidos presidentes municipales, senadores y diputados; prohíba el nepotismo y fortalezca la democracia participativa. Ésta iniciativa, claramente es una apuesta por la renovación constante de liderazgos, la equidad en la competencia política y la cohesión institucional. Por ello, no se trata de una postura autoritaria, sino ética: garantizar que el poder no se herede ni se perpetúe, sino que se ejerza con responsabilidad y vocación democrática.
En este contexto, es importante el consenso. La presidenta ha comentado la posibilidad de hacer encuestas donde se conozca el sentir de la población. Los grupos opositores ya han levantado la mano para participar y no faltarán quienes desde Morena tengan su propia perspectiva de lo que tendría que significar esta iniciativa. Por ello, será muy importante que los comisionados se mantengan abiertos al diálogo, pero sin perder el foco de los objetivos principales. De nada serviría llegar a una reforma descafeinada sólo por el jaloneo de los grupos de poderes fácticos.
Ahora bien, es importante entender la necesidad de responder a una sociedad plural, no sólo pensar en la representación territorial (que también se requiere de una redistritación), sino en la pluralidad ideológica cultural, étnica y religiosa; pensar en la representación real del voto de mexicanos en el extranjero y una profunda revisión a la fiscalización y uso de medios electrónicos en las campañas electorales.
En fin, la pregunta ya no es si esta reforma debilita o concentra el poder, sino cómo puede convertirse en una herramienta para construir un país más justo, transparente y participativo. ¿Puede México avanzar hacia una democracia sin reelección legislativa, sin sucesión familiar y con una ciudadanía activa? La respuesta es sí, si se hace con convicción ética y voluntad popular.
Posdata. La Presidenta Sheinbaum ha anunciado que en 2027 se someterá a la revocación de mandato, como lo establece la Constitución y como lo hizo en su momento el expresidente Andrés Manuel. Es importante que en nuestro país se arraigue la cultura de participar en estos ejercicios. No debería tratarse de un momento de legitimación ante los propios simpatizantes, sino de una muestra de madurez política por parte de la ciudadanía para evaluar a quienes nos gobiernan. Una verdadera transformación ética del poder.