
El gobierno de Estados Unidos tiene en sus cárceles a los protagonistas del narco en México del último medio siglo. De Rafael Caro a Ovidio Guzmán, pasando por el Chapo, el Mayo y los jefes Zetas, todos están allá tratando de sobrevivir. Para lograrlo, me refiero a seguir con vida, están dispuestos a todo, a decir lo que saben y lo que no sepan lo inventarán para quedar bien con sus captores.
Esto ha conformado una circunstancia única en el México moderno. Estamos a expensas de que lo resuelva hacer el gobierno de Estados Unidos acorde con sus intereses políticos. Ya tiene elementos para tomar cualquier decisión. En un riesgo mayúsculo para la nación, para su estabilidad, para la continuidad de las instituciones. Me hago cargo de que suena fuerte, y lo es.
No olvido que los principales jalones del narco en el país se dieron en respuesta de necesidades concretas de los americanos, como la necesidad de morfina y de marihuana. Para los gringos era mucho más sencillo surtirse a pocos kilómetros de su frontera que traer el producto desde el lejano oriente, por ejemplo.
Ningún grupo criminal puede prosperar sin la complacencia o franca complicidad de las autoridades, civiles o uniformadas. A partir de ese axioma hay que recordar que las bandas criminales mexicanas han llegado a ser las más poderosas del planeta. A esto debe añadirse una articulación con sectores amplios de la comunidad empresarial que se han vinculado a los criminales para lavarles el dinero sucio. No se crea que solo se trata de dueños de casinos, centros nocturnos, espectáculos, hoteles o casas de apuesta, también los hay en el sector farmacéutico, inmobiliario y, claro, bancos y casas de bolsa.
La pregunta que todos mexicanos se deben plantear es: ¿Qué acciones emprenderá Estados Unidos a partir de las delaciones que hagan los narcos en su calidad de testigos colaboradores? Alcaldes, gobernadores, generales, y hasta ex jefes de Estado de las últimas décadas pueden estar en la mira de las agencias norteamericanas. El país se puede descarrilar y esto, la posibilidad del caos en la frontera sur es lo que están calibrando los expertos de inteligencia antes del dar el siguiente paso.
Un gobierno con apoyo popular, legítimo y confiable como el de Claudia Sheinbaum ha cooperado con Estados Unidos y obtenido resultados exitosos en temas complejos, muy complejos, como la migración indocumentada o el tráfico de fentanilo, pero si la Casa Blanca, en un momento de codicia política, viene y se lleva a algún expresidente o gobernadores en funciones, puede abrirse una etapa de descontrol y entonces tanto el migración como el fentanilo se irán a las nubes, ya que en río revuelto los pescadores obtienen mayores ganancias.
Aquí van los elementos de la ecuación: Estados Unidos tienen en su poder a los principales narcos de la historia en México, esos narcos están dispuestos a colaborar para salvar su pellejo, colaborar quiere decir denunciar a otros narcos o a las autoridades que recibieron dinero para poder trabajar. El gobierno de Trump necesita triunfos políticos que pueda presumir a su electorado, golpes de efecto que ocupen los titulares de la prensa. Ya tiene elementos para hacer lo quiera en México, pero hay un elemento que lo contiene: hacerlo, pero sin generar caos al sur de la frontera, ya que el caso supone más migrantes, más drogas, más peligros.
Trump evalúa como pegarle a México sin que le duela a Estados Unidos, esto ocurre en el ámbito económico con los aranceles, pero también en el ámbito de seguridad con los narcos que lavan los circuitos financieros de Estados Unidos casi 100 mil millones de dólares cada año. Los carteles mexicanos son benefactores de los banqueros gringos.