El asesinato –finalmente culminado– de Miguel Uribe Turbay no puede disociarse de los factores de la eterna crisis colombiana: un Estado crónicamente débil, movimientos de “insurgencia” asociados con el narcotráfico y grupos criminales vitalicios cuya extinción se buscó equivocadamente con la muerte de Pablo Escobar. Todo se debe a la incomprensión (ya no digamos solución) del problema en su conjunto.
Si los elementos ya mencionados no fueran suficiente prueba de la inutilidad de estos enfoques y procedimientos, la guerra de esta manera contra el crimen, hay otro componente del desastre: la intervención de los Estados Unidos cuya finalidad real es mantener el control del mercado de las drogas.
Los colombianos sufrieron (entre otras) la intervención con el “Plan Colombia”, de la manera como los mexicanos sostuvimos, con el debido maquillaje de una imaginaria soberanía, la “Iniciativa Mérida” como antes la “Operación Cóndor” y ahora la preeminencia de los tribunales de Estados Unidos, en abierta y declarada incapacidad de juzgar localmente siquiera a nuestros criminales. Todos están allá.
La muerte del senador Uribe Turbay –integrante de una familia conocida social y políticamente– es en sí misma un epílogo de tragedia griega: su madre fue asesinada durante un fallido rescate, secuestrada por el cartel de Medellín. También fue nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala, quien gobernó Colombia entre 1978–1982.
Pero en el revoltijo de la maraña política de Colombia se presenta otro elemento demostrativo de la fragilidad estatal. Un expresidente preso por corrupción. Ya se sabe, la corruptela generalizada es terreno propicio para la violencia.
A principio de este mes el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe fue condenado a una docena de años en la prisión de su casa. EFE divulgó la noticia en las primeras horas del mes.
“Una pena principal de 144 meses de prisión, o lo que es lo mismo, 12 años de prisión»; a pagar una multa equivalente a 2 mil 420 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir más de 3 mil 400 millones de pesos colombianos (unos 822 mil dólares), y lo inhabilitó para «el ejercicio de derechos y funciones públicas» por 100 meses y 20 días (más de ocho años)”.
Nomás le faltó un chisguete de perro.
HUARACHE
Como bien sabemos, en nombre de la dignidad de los pueblos originarios, tan de moda en el santoral de la Cuarta Transformación y la Revolución de las Conciencias, el señor gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, ha emprendido la defensa del huarache. O mejor dicho, de los artesanos hacedores de tan ventilada variedad de calzado.
Y como él no dice cuando lo saludan, “el mismo que viste y calza” (al menos no huarache de llanta), complementa la folclórica locomoción bípeda con un vehículo automotor y en el nombre de la pobreza franciscana (dice el “X” MLS_censura) --etapa a superior de la austeridad republicana-- prefiere gastar un dineral (suyo o del erario, igual lo goza) en una impresionante camionetona “Infiniti QX80” de dos millones quinientos mil pesos cuyo lujo oriental queda descrito así por el fabricante: “la elegancia se encuentra con finos detalles, elementos naturales y tecnologías de última generación. El diseño interior del Totalmente Nuevo INFINITI QX80 está completamente inspirado en la hospitalidad para todos los ocupantes. En Japón, crear un espacio acogedor se llama Omotenashi”. Ya con ese Omotenashi a la mano, ni quien quiera ir a Japón a pagar 7 mil 500 por noche.
No se sabe hasta ahora cuantos pares de huaraches podrían comercializar los artesanos de Villa Hidalgo Yalálag (apenas hay mil 885 habitantes en el municipio huarachero) por cuyos intereses de propiedad intelectual tan celosamente trabaja el señor gobernador.
Quizá con las llantas viejas de su camioneta nueva, podrá donar hule suficiente para las suelas de tan evolucionada forma de calzar a los indígenas oaxaqueños.
Sería una justa aportación porque resulta imposible darle a cada uno de ellos un vehículo de esas características, valor y precio.