La democracia nunca es un tema concluido; es gradual y debe perfeccionarse de manera permanente. En este sentido, un sistema electoral de cualquier país puede avanzar o retroceder. Si queremos fortalecer la democracia en México, debemos hacer reformas valientes y oportunas. Estamos ante la encrucijada de continuar con reglas que ya no funcionan o construir unas nuevas que se adapten a las necesidades de los tiempos que vivimos.En este contexto, el 4 de agosto de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto que creó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, un órgano transitorio con una misión estratégica: impulsar un debate nacional sobre las reglas del juego democrático. La comisión, encabezada por Pablo Gómez, no cuenta con presupuesto extra, pero sí con el poder político de convocar al país a revisar el sistema que rige nuestra representación.México ha transformado su Poder Judicial, ha ampliado sus derechos sociales y ha modernizado su administración pública, pero las normas electorales siguen ancladas en una lógica del siglo pasado. Tenemos un sistema sobrerregulado, costoso, excesivamente litigioso y, en muchos casos, alejado de la ciudadanía. Reformarlo ya no es una opción, sino una necesidad urgente. Los datos lo evidencian: en 2024, el INE operó con más de 23 mil millones de pesos. Cada ciudadano inscrito en la Lista Nominal costó más de 300 pesos.La Comisión tiene una oportunidad histórica: corregir el rumbo sin romper el equilibrio. Reformar no es destruir. No se trata de borrar instituciones, sino de actualizarlas. No es cancelar la representación proporcional, sino ajustarla. No es eliminar el financiamiento público a partidos, sino transparentarlo y fiscalizarlo convenientemente para evitar cualquier tipo de compra de voto.Una buena reforma electoral no es la que favorece al gobierno en turno, sino la que garantiza que cualquier fuerza política pueda ganar, competir o perder con reglas claras y parejas. El derecho a la posibilidad de alternancia es piedra angular de la democracia.Hoy las elecciones están atrapadas en un laberinto normativo: leyes, códigos, reglamentos y lineamientos que hacen del proceso un terreno hostil, confuso y propenso al litigio. Cuando más tiempo se pasa en tribunales que en las urnas, la legitimidad se erosiona. Con las reglas actuales, un porcentaje altísimo de las candidaturas se judicializa.La claridad debe ser la norma, no la excepción. En las democracias más consolidadas del mundo —como Alemania, Canadá, Suecia o Nueva Zelanda— los sistemas electorales no están construidos sobre una maraña de normas difíciles; operan con reglas breves, estables y accesibles, donde el litigio electoral es la excepción y no el mecanismo por defecto. Entre más voluminosas sean las reglas, más desconfianza se demuestra entre los actores políticos. Y donde hay desconfianza, hay conflicto. Una regla explorada es que donde hay falta de democracia y debilidad electoral de los partidos, hay virulencia postelectoral.El momento también exige modernizar los procesos electorales con tecnologías verificables: voto electrónico, mejores sistemas de cómputo y plataformas digitales auditables. Pero siempre con un principio irrenunciable: la certeza.Una mala reforma puede cerrar la puerta a la alternancia. Una buena reforma, aunque estricta, puede abrir el camino para una democracia más sólida, más barata y más confiable. México no necesita más reglas; necesita mejores reglas y mejores candidatos que hagan y respeten las normas que nos demos. Las democracias que no se actualizan, como si fueran metal u objeto, se oxidan y anquilosan. La reforma que impulsemos todos es la oportunidad de evitarlo.