Las relaciones entre los Estados soberanos se basan –teóricamente-- en acuerdos y compromisos derivados de ellos. Pactos, alianzas, tratados y demás.
Pero cuando las relaciones se dan fuera de acuerdos jurídicos, entonces presenciamos imposiciones muy alejadas de la soberanía de quien –por imposibilidad conveniencia, temor o sumisión--, cede sin tomar en cuenta los acuerdos. Los viola o se los violan.
Por ejemplo el tratado de extradición entre EU y México (protocolo).
“…La Parte Requerida DESPUÉS DE CONCEDER UNA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN FORMULADA DE CONFORMIDAD CON ESTE TRATADO, podrá entregar temporalmente a una persona que haya recibido una sentencia condenatoria en la Parte Requerida, con el fin de que esa persona pueda ser procesada en la Parte Requirente, antes o durante del cumplimiento de la sentencia en la Parte Requerida” (Nunca habla de “entregas”).
Y más:
“…La persona así entregada deberá permanecer en custodia en la Parte Requirente (en casos recientes, los grupos de personas remitidas como rebaños) deberá ser devuelta a la Parte Requerida al término del proceso, de conformidad con las condiciones determinadas por acuerdo entre las Partes, para ese efecto.
Los envíos a Estados Unidos, como por paquetería, de casi 50 reos mexicanos (con un par de excepciones) son acciones “paralegales”, por no decir ilegales. Se ha actuado al margen de leyes, tratados, acuerdos, protocolos y demás. Y no puede haber ejercicio soberano en algo cuya pulsión surge de un gobierno extranjero frente al cual se actúa con aquiescencia o temerosa condescendencia.
Ninguna razón hay para creer en la explicación oficial cuando se dice, fue una decisión nuestra. ¿Y los Estados Unidos ni siquiera opinaron para recibir tan ocurrente envío?
La presidenta de la Republica nuevamente le concedió autonomía al Gabinete de Seguridad en la decisión y chocó contra su secretario estrella:
“…Tampoco tiene que ver con el acuerdo de seguridad, son decisiones soberanas que se toman en México para la seguridad de nuestro país y las toma a partir de un análisis del propio Sistema Nacional de Inteligencia e investigación (sic) del Consejo Nacional de Seguridad…”
La contradicción en las afirmaciones resulta grotesca. La presidenta dice una cosa (todo se hizo fuera del tratado) y García Harfusch la contradice:
“--(La jornada) Al dar a conocer el “traslado”, García Harfuch señaló: La acción se realizó en estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional y a solicitud de @TheJusticeDept, que se comprometió a no solicitar la pena de muerte. Mañana, más detalles en conferencia desde @SSPCMexico”.
Y para más, las palabras del embajador Johnson: quien “subrayó que este operativo se suma a otro realizado el 27 de febrero, cuando 29 individuos de alto perfil, incluido Rafael Caro Quintero, fueron extraditados a territorio estadounidense.
“…ambas acciones marcan avances relevantes en la colaboración entre las fuerzas del orden de ambos países y en la relación que mantienen los presidentes Donald Trump y Claudia Sheinbaum”.
Ya en la primera entrega se quiso disfrazar el allanamiento a las peticiones gringas invocando leyes ajenas a la circunstancia, como hizo Gertz. Y ahora se repite a la calca.
Tan es así como para insistir en un detalle: se les envía a EU pero no podrán aplicarle a ninguno la pena de muerte. ¿Si se tratara de un destierro espontáneo, también podría condicionarse?
Es una pena pero los asuntos mexicanos no se pueden resolver en México. Ni siquiera la seguridad nacional se garantiza cuando los delincuentes están en nuestras prisiones. Estos destierros nada más confirman nuestra débil condición institucional. Ya no hablemos de la diplomacia.
La verdad no se les puede pedir mucho. Pero por lo menos ponerse de acuerdo para explicar las cosas. O de plano guardar silencio y a lo hecho, pecho.
Pero valgan algunos refranes viejos:
El pez por la boca muere, en boca cerrada no entran moscas y para mentir y comer pescado, hay que tener cuidado…