Varias de mis columnas han estado dedicadas al tema de la Inteligencia Artificial (IA), un tema que sinceramente me preocupa tanto como me ocupa. Ahora quiero abordar su utilización en las elecciones, en vistas de una posible reforma electoral.
Hablemos primero de la administración de elecciones. Ya en temas como la geografía electoral, por ejemplo, se han utilizado algoritmos como el recocido simulado; pero en cuestiones como registro de candidaturas (con miles de registros al mismo tiempo), trámite y revisión de procedimientos, aprobación de convenios de coalición, ubicación de casillas, detección de zonas de riesgo, orientación y capacitación electoral, entre otras, se prestan sin duda para el uso de la IA.
De esta manera, se agiliza la labor administrativa electoral, a la vez que se optimizan recursos.
Ahora bien, para lograr lo anterior es necesario que, primero, se usen IA´s de código abierto, que permitan conocer su funcionamiento así como mejorarlas; segundo, que se respeten de forma escrupulosa los derechos derivados de los datos personales; tercero, que se trate de IA´s especializadas, no generalistas (como Grok o Meta) que hayan sido adecuadamente entrenadas; cuarto, se observe un particular cuidado con las bases de datos a que tengan acceso, incluyendo la curaduría de datos; y quinto, que las decisiones finales, o aquellas que tengan un impacto de derechos, sean tomadas por personas.
Los partidos políticos y candidaturas pueden utilizar provechosamente a la IA. De hecho, ya se hace, por ejemplo, para elaborar jingles o temas musicales, crear o mejorar imágenes. También resulta útil para generar chatbots que brinden información a la ciudadanía, administrar mensajes en redes sociales, sistematizar información para definir estrategias electorales, entre otras.
Ahora bien, aprovechando la posibilidad de una reforma electoral, vale la pena reflexionar en la regulación necesaria de la IA para su aplicación electoral. De hecho, ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por conducto de su Sala Superior, ordenó al INE que fijara mecanismos de verificación de imágenes de menores de edad que fueran generadas o editadas con IA (sentencia SUP-REC-893/2024 y acumulado).
Esta regulación debe tener un objetivo: la tutela de los derechos humanos, especialmente los político-electorales; y partir de una realidad: la IA ya está y se utiliza en las elecciones, no tiene sentido prohibirla sino que debe ser encauzada.
Particularmente hay que precisar sus usos en la propaganda electoral, me parece que temas como la protección de datos personales, la detección y desenmascaramiento de fake news, la generación o edición de imagen de menores o personas en situación de vulnerabilidad, su aplicación en granjas de bots; entre otros, son temas que deberían abordarse.