Jefe histórico del Cartel de Sinaloa, Ismael Zambada, conocido como el Mayo, aparece esta mañana en las portadas de los diarios por su decisión de declararse culpable de los delitos que le imputan fiscales americanos.
Declararse culpable es un paso ineludible para comenzar a negociar de manera formal mejores condiciones de reclusión; a cambio de proporcionar, claro, información sustantiva a sus captores.
El Mayo tiene 77 años y se dice que está enfermo. Quiere pasar el tiempo que le quede de vida en las mejores condiciones posibles, incluida atención médica de alto nivel y protección para familiares cercanos, justo como lo consiguió Ovidio Guzmán.
Es el hombre que más sabe del narco en el país y de las complicidades con la clase política, muy en particular de Sinaloa, con gobernadores priistas, panistas y morenistas, para el crecimiento desaforado del narcotráfico desde los tiempos de la mariguana hasta el fentanilo.
¿Qué hará el gobierno de EU con toda la información que le proporcione el Mayo?
INE, ¿salvará los recortes?
El tema del presupuesto 2026 aparece cada vez con más frecuencia en las reuniones del Consejo General del INE.
Se sabe que una de las premisas que contiene el proyecto de Reforma Electoral que se cocina en Palacio Nacional es que la democracia mexicana cueste mucho menos, por lo que se contemplan recortes al presupuesto de los organismos electorales, comenzando por el INE, y a las prerrogativas de los partidos.
Guadalupe Taddei, la presidenta consejera del instituto, confía en que las tijeras sigan guardadas unos meses y que el 2026 sea un año sin sobresaltos presupuestales. 2025 ha sido un año muy complejo para el instituto que, sacó adelante, jaloneada y todo, la elección del Poder Judicial.
Todavía ayer, en contra de las reglas que la mayoría legislativa aprobó, estaba entregando constancias de mayoría a juzgadores que no cumplieron con los requisitos iniciales, de no creerse. La batalla del 2027 pasará por los organismos electorales y la del INE promete ser cruenta.
La Paz, focos de alerta
Señalamientos de irregularidades son la constante en la administración de Milena Paola Quiroga en la alcaldía de La Paz, la capital de BCS. La Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur del Poder Legislativo, detectó irregularidades en materia de rendición de cuentas.
Allá se asegura que no se solventaron 299 millones de pesos de los 2 mil millones que devengó, en el cobro de la Revalidación Anual para la Venta de Alcohol en la Vía Pública. Los comprobantes fiscales digitales no estipulan la cantidad cobrada.
Se incrementó en un 16 por ciento el capítulo 1000 “Servicios Personales”, superando el límite permitido en la Ley de Disciplina Financiera y más grave aún se presentó obra pagada, no ejecutada.
Cabe recordar que, en noviembre del 2024, la alcaldesa solicitó al gobierno de BCS un préstamo de 18 millones de pesos, para atender un “déficit presupuestal” pero en realidad, es fue utilizado para pagar una presentación del cantante Chayanne.
100 patrullas
Se mantiene el compromiso de que el Gabinete Seguridad sesione en Sinaloa cada quince días hasta que la entidad, comenzando por la capital Culiacán, recupere niveles aceptables de seguridad.
Hay apoyo político al gobernador, pero también en acciones concretas de seguridad, como la entrega de 100 patrullas nuevas, equipadas, para fortalecer la seguridad en las calles. La Sedena capacitará a los policías en el uso de esos equipos.
Es de esperar que esos policías hayan pasado todos los filtros de confianza para no poder vehículos de última generación en manos equivocadas. Una policía estatal eficaz es la mejor garantía de seguridad en las calles, una policía cuya misión sea dar seguridad a los ciudadanos y no, como ocurre en otras latitudes, estar al servicio de la mafia.
En Sinaloa hay cifras positivas, todavía es temprano para declararlas tendencia, pero sí marcan que la estrategia elegida da resultados.