La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, presentada recientemente por el INEGI, ofrece una radiografía que debería estremecer a la sociedad mexicana en su conjunto. Entre los muchos datos que revela, dos resultan particularmente abrumadores porque ponen en evidencia la crudeza de la vida cotidiana de millones de niñas y niños en el país, y la falta de una perspectiva integral de derechos de las infancias en la medición oficial de la pobreza.
El primer dato es de una gravedad insoslayable: casi 800 mil hogares reportaron que, en ellos, al menos una niña o un niño no comió en todo el día o sólo pudo comer una vez. Este hecho representa un fracaso mayúsculo de las políticas de desarrollo y de protección social. Que las infancias experimenten hambre absoluta o restricción extrema en su alimentación, más que un indicador de pobreza, es una herida ética que cuestiona el sentido mismo del Estado mexicano.
El derecho a la alimentación está reconocido en la Constitución mexicana (artículo 4º) y en tratados internacionales. Sin embargo, las cifras de la ENIGH muestran que la obligación estatal de garantizar este derecho básico está lejos de cumplirse.
El segundo dato refiere al registro de ingresos de la población de 12 años y más que obtiene recursos a través de su trabajo. A simple vista, pareciera un dato técnico-económico; sin embargo, encierra una contradicción profunda. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el trabajo está prohibido para menores de 15 años, salvo casos específicos. No obstante, la ENIGH contabiliza ingresos provenientes del trabajo de niñas y niños desde los 12 años.
Este procedimiento, aunque metodológicamente consistente con la lógica de la encuesta, revela una falla estructural: la medición de la pobreza en México no incorpora una perspectiva de derechos de la niñez. Se limita a cuantificar ingresos y carencias, pero no considera que, si en un hogar hay un niño o niña que debe trabajar para complementar el ingreso familiar, ello es en sí mismo un signo de pobreza y de vulneración de derechos.
Además, la encuesta reporta una proporción significativa de niñas y niños de 12 a 17 años que trabajan sin recibir ingresos. Esto configura una doble injusticia: no sólo se explota su fuerza de trabajo en condiciones prohibidas por la ley, sino que además no se les retribuye económicamente.
Un aspecto particularmente problemático es que la medición de pobreza, tal como está diseñada, puede clasificar como “no pobres” a hogares en los que hay niñas y niños viviendo en condiciones de privación severa. Se trata de un sesgo metodológico que contradice el principio del interés superior de la niñez, reconocido en el artículo 4º constitucional y en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La ausencia de un enfoque centrado en las infancias genera absurdos: hogares donde hay niñas y niños con hambre, o menores que trabajan ilegalmente, pueden no ser contabilizados como pobres si el ingreso agregado del hogar rebasa la línea oficial de pobreza. Medirla sin perspectiva de niñez equivale a invisibilizar la experiencia vital de quienes más sufren sus efectos.
El filósofo Martin Heidegger planteó que el ser humano se define por su estar-en-el-mundo que implica cuidado, apertura y responsabilidad ante la facticidad de la vida. Cuando un país permite que casi un millón de hogares vivan la experiencia del hambre infantil, revela un mundo en el que el cuidado ha sido desplazado por la indiferencia. La existencia de las niñas y los niños se ve reducida a un dato estadístico, perdiendo el carácter de dignidad ontológica.
Por su parte, Emmanuel Levinas sostuvo que la ética comienza en el rostro del otro, en la interpelación que nos hace la vulnerabilidad ajena. El hambre de una niña, la necesidad de un niño que trabaja a escondidas para sostener a su familia, son rostros que nos obligan a responder. La falta de políticas que asuman esta responsabilidad muestra que, en México, la ética del cuidado ha sido subordinada al cálculo económico y a la administración burocrática de la pobreza.
Levinas advertía que el verdadero sentido de la justicia surge del reconocimiento del otro como otro, sin reducirlo a cifras o categorías abstractas. Si el Estado mexicano continúa midiendo la pobreza sin asumir la perspectiva de las infancias, seguirá fallando en reconocer la alteridad radical de quienes, por su condición de edad, requieren la mayor protección.
La ENIGH 2024 nos confronta con una verdad incómoda: en México, cientos de miles de niñas y niños pasan hambre y cientos de miles más trabajan en condiciones prohibidas por la ley. Sin embargo, la medición oficial de la pobreza sigue sin reconocer plenamente estas realidades como expresiones extremas de privación y vulneración de derechos. Superar esta contradicción exige una reforma profunda de las métricas y de las políticas públicas, que coloque el interés superior de la niñez como criterio rector. No hacerlo equivale a perpetuar un país que sigue siendo inapropiado para sus infancias.
Esta situación no es sólo un problema de política pública, sino un signo del extravío ético de nuestra sociedad. Un país que normaliza el hambre y el trabajo infantil no puede llamarse justo, ni puede aspirar a un futuro digno. Reconocerlo es el primer paso para transformar la realidad y comenzar a construir un México donde las infancias sean, de verdad, el centro de toda acción colectiva.
Investigador del PUED-UNAM