La reciente declaración de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) sobre el supuesto lanzamiento de una “iniciativa binacional” con México para desmantelar a los “guardianes” de los carteles que operan en la frontera común, no solo sorprendió a la opinión pública, sino que generó una enérgica respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. “No hay ningún acuerdo con la DEA”, declaró desde Palacio Nacional. Y no es una anécdota menor. Esta afirmación pone en el centro de la discusión un tema de fondo: ¿quién toma las decisiones en EEUU sobre seguridad, cooperación internacional y lucha contra el narcotráfico?
El denominado “Proyecto Portero”, según el comunicado de la DEA, busca desarticular a quienes controlan los corredores del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y el flujo de armas y dinero hacia México. A primera vista, un objetivo compartido. Pero esta agencia que en ocasiones desdeña las reglas diplomáticas básicas, vuelve a colocarse en el ojo del huracán ya que no es la primera vez que actúa sin coordinación con la presidencia estadounidense, ni respeto a la soberanía de otros países. La presidenta lo ha dicho: sí hay cooperación y existen acuerdos en negociación con el Departamento de Estado. Incluso reconoció que hay policías mexicanos capacitándose en Texas. Pero eso dista mucho de anunciar públicamente un programa binacional como si fuese una política ya firmada e implementada. Aquí la crítica no es al fondo, pues México ha reiterado su voluntad de cooperación; sino a las formas: la DEA se adelanta, impone narrativa y parece olvidar que México es un socio, no un subordinado. La política de seguridad no puede estar regida por comunicados unilaterales, sino por acuerdos entre gobiernos soberanos. En este contexto, los anuncios deben pasar por canales institucionales.
Este episodio ocurre en un momento clave para México. El país vive una etapa de crecimiento económico, con reducción de la pobreza y récords en inversión extranjera directa. Un contexto que incomoda a muchos: desde los sectores que lucran con la inseguridad, hasta los grupos de poder que ven en la violencia una justificación para buscar la intervención. ¿A quién le interesa que fracase el proyecto de seguridad bilateral y el fortalecimiento institucional en México? Pues a quienes han hecho del miedo un negocio: empresas de seguridad privada, políticos que viven de la retórica del caos, organizaciones criminales que se presentan como “protectores” ante una población intimidada. Todos ellos ganan cuando la incertidumbre reina y las instituciones parecen débiles o subordinadas. Por eso, no es menor que el gobierno mexicano insista en el control del proceso. La cooperación sí, pero en igualdad. La seguridad sí, pero con reglas claras. Los acuerdos sí, pero entre Estados, no entre agencias.
Combatir el crimen organizado requiere coordinación internacional, eso nadie lo pone en duda. Pero también exige respeto a las instituciones. No se puede combatir la ilegalidad desde la ilegalidad institucional. Si el gobierno estadounidense, cualquiera que sea su administración, realmente quiere una colaboración efectiva, debe trabajar a través de sus canales formales, con respeto y sin protagonismos unilaterales de agencias con agendas propias.
Este episodio con la DEA es un recordatorio crucial de que la cooperación bilateral en seguridad debe basarse en el respeto mutuo y la soberanía. Si bien la lucha contra el crimen organizado exige una coordinación internacional, esta no puede llevarse a cabo mediante declaraciones unilaterales o la imposición de agendas por parte de agencias extranjeras. La verdadera colaboración se construye con transparencia, igualdad y respeto, garantizando que las estrategias para la seguridad nacional sean definidas por los Estados mexicano y estadounidense.