Hoy es primero de septiembre, el día del informe presidencial. Dados los spots que ya hemos conocido y su publicidad colateral, más o menos sabemos lo que dirá la presidenta Claudia Sheinbaum.
Así que me propongo ofrecer aquí al amable lector una visión concentrada para poder evaluar mejor, tener una visión no simplista de lo que ha sucedido en estos diez meses de gobierno pues como en muy pocas ocasiones en la historia, nuestro país está siendo sometido a presiones, cambios y regresiones de todo orden. ¿Qué quiero decir?
En estos meses, nuestra nación ha tenido que gestionar un sistemático chantaje planteado por el gobierno de Donald Trump desde los Estados Unidos, que incluye la imposición de aranceles a nuestras exportaciones e incluso, amenazas explícitas de intervención militar en nuestro territorio.
En el frente interior la recuperación de zonas, municipios y estados enteros (Sinaloa es el ejemplo más dramático) que han sido capturados y carcomidos por el crimen organizado y cuyo desafío ya no solo consiste en recuperar la seguridad pública sino incluso, en disputar la soberanía misma en amplios territorios.
Una economía estancada, que profundiza sus tendencias recesivas y que acumula ya seis años con la tasa de crecimiento más baja ¡en un siglo! y que amenaza con ahogar logros alcanzados en otros campos, como le de la recuperación salarial y la reducción de la pobreza.
Y finalmente, desde el propio gobierno, desde la presidencia, asistimos a una mutación mayor en el régimen político, utilizando a una inconstitucional ultra-mayoría en el Congreso, que se ha dedicado al desmantelamiento total del poder judicial mexicano y la desaparición de órganos autónomos de control. La democracia mexicana languidece.
Creo que es un escenario configurado por las más graves tensiones del presente. Hay otros por supuesto, pero esos cuatro definen con mucho la política y la sociedad actual.
Recapitulemos: el continuado chantaje del gobierno de los Estados Unidos, no ha tenido como respuesta, una estrategia propia. La diplomacia mexicana aún no cuenta con ella y por eso, estamos lejos de tener control, así sea de una parte de la situación. Defender la soberanía no es buscar el apaciguamiento de Trump: hay que recuperar la gobernabilidad en el país. Y esa soberanía se construye cuando el Estado recupera el control de su territorio y cumple con su primera obligación de garantizar la vida y la tranquilidad de sus ciudadanos (Carreño, dixit). Y esto requeriría de unidad, diálogo y acuerdos nacionales que el propio gobierno ha cancelado desde hace siete años.
Por otro lado, es cierto que ocurrió un cambio conceptual y práctico de una política de “abrazos y no balazos” a una que busca con mayor claridad, la seguridad a través de la acción del Estado. Este es quizás, el cambio positivo más importante frente a la política de López Obrador, ocurrido en el primer año de gobierno de su sucesora. Pero es evidente que el gobierno se enfrenta a un dilema: combatir al crimen organizado implica necesariamente afectar a miembros prominentes de su coalición.
Ahora bien, me parece que el hecho característico de este primer año de gobierno, es el proceso para elegir cargos del poder judicial, porque esa si es una decisión plena de la presidencia. Como dice el analista Javier Martín Reyes, “representa la primera elección que no puede calificarse como democrática desde que México transitó a la democracia”. El carácter fraudulento de esta elección se manifestó a lo largo de las distintas etapas del proceso electoral, comenzando desde la confección de las reglas hasta la resolución de las impugnaciones con la validez de las elecciones. De inicio a fin, fue un proceso en el que se rompieron las garantías más elementales que habían definido a los procesos electorales en México.
Y más que eso: su ejecución práctica trae la captura del poder judicial a la órbita del oficialismo. Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial quedan en manos de una sola coalición. La república con su división de poderes, se desvanece en el aire. En esa medida, asistimos a una regresión que nos precipita a otra época.
Mientras tanto, en el frente económico conocimos la importantísima noticia de que 13.4 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza porque incrementaron los ingresos de su trabajo. Este es un avance decisivo al que no se puede escatimar relevancia. La política de salarios mínimos fue la palanca principal para alcanzar esa cifra, política elaborada desde 2014 y 2015, que retomó el ex presidente López Obrador en 2018 y que ha sido asumida por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Al gran acierto de la política salarial sin embargo, no le correspondió una gestión económica del mismo nivel, más bien al contrario: hemos tenido años de una política económica primitiva y errática. Sheinbaum heredó una economía que reporta el peor crecimiento económico ¡en un siglo! con un promedio sexenal (2019-2024) de 0.86 por ciento. Y no solo eso: con una deuda multiplicada, adquirida no para financiar la inversión pública en el país, sino para disponer de recursos en el año de las elecciones federales.
Ese estancamiento no fue causado por la pandemia sino que es resultado de la respuesta a la pandemia. La cancelación del crecimiento debe atribuirse a la insistencia en la austeridad, en la que persistimos hasta el día de hoy y que ya provoca una subinversión y un subejercicio dramáticos: 59.7 por ciento menos en inversión física educativa, 49.3 porciento de salud y ¡75.8! por ciento en agua y alcantarillado (datos de Enrique Provencio).
Visto en su conjunto, estamos atravesando por una de las circunstancias más difíciles de la historia reciente. Con su manto añadido: ha llegado un regímen político que ya no es democrático, que ha desmantelado instituciones de control y al poder judicial completo, utilizando una ultra mayoría inconstitucional en el Congreso confeccionada mediante violaciones a la constitución, a las leyes, al procedimiento parlamentario e incluso, la cooptación y el chantaje.
A ese desmantelamiento se agrega ahora la iniciativa de reforma electoral cuyos propósitos para nada ocultos son reducir el pluralismo en el Congreso, minimizar a la oposición y capturar a las instituciones electorales mediante “comicios” similares al del poder judicial.
Les digo: es primero de septiembre y en ese país estamos.