La organización y administración internas de toda institución pública tiene un doble sentido: técnico y político. Lo cual no puede disociarse, desde los motivos de su creación, hasta su funcionamiento cotidiano. En una institución electoral cuyo fin esencial es lograr la trasmisión del poder, el peso político de la administración se acrecienta.
La dimensión del peso político de esos dos aspectos es definida por cada coyuntura política. El INE que viene del IFE heredó una organización interna venida de otra coyuntura política. En su momento de nacimiento, para el IFE lo esencial era garantizar unas elecciones legítimas, producto de la no intervención gubernamental en ellas.
El dinero era algo secundario. Baste recordar el adagio priísta de que “en política todo lo que cueste dinero es barato”. De ahí que en el IFE se creara una cultura de la opulencia, aunque no impactó a todos los miembros de la institución. Siempre hay privilegiados.
Transformar el INE en INEC es un despropósito organizacional y político. Desde la perspectiva organizacional una sola institución no tendrá la capacidad de enfrentar el cúmulo de responsabilidades que implican organizar, en 2027, elecciones de diputados federales, senadores, de gobernadores, congresos locales, ayuntamientos, de jueces federales y estatales y, los procedimientos de participación ciudadana que existen en un buen número de entidades federativas. Hay que agregar las consultas federales y las revocaciones de mandato de la presidencia y de los gobernadores.
Ahora bien, los aspectos señalados no limitan la necesidad de implementar un nuevo diseño institucional que permita garantizar la organización de procesos electorales transparentes y, al mismo tiempo, observar los principios de racionalidad en el ejercicio del gasto; sin menoscabo alguno para la legitimidad en los comicios.
En primer lugar, está la obsesión heredada del sexenio anterior de elegir por voto popular a los integrantes del Consejo General del INE. Hasta el momento hay oídos sordos ante los argumentos políticos y técnicos en contra. Tal vez el único argumento que sea escuchad sea el financiero. La elección de ministros y jueces federales costó 7 mil millones de pesos, falta agregarle el costo de las elecciones judiciales locales.
Para el rediseño organizacional del INE se deben de considerar tres aspectos generales: la funcionalidad de las estructuras del Servicio Profesional Electoral y de las áreas administrativas, evitando la duplicidad de áreas y funciones; los avances tecnológicos y; las nuevas disposiciones normativas en materia de identidad de las y los mexicanos.
Por otra parte, en el INE al igual que en el IFE la estructura organizacional tiene la misma lógica de la administración pública centralizada. En las oficinas centrales existen cuando menos cuatro niveles directivos, desde los directores ejecutivos hasta los jefes de departamento. Es necesario diseñar nuevas estructuras que tengan como máximo dos niveles directivos y el personal operativo necesario.
También se deben revisar la funcionalidad y dimensión de las unidades técnicas para suprimir las que no sean indispensables y, en su caso, sus funciones sean asumidas por otras áreas. También debe evaluarse que actividades deben ser realizadas por las áreas y sólo contratar los servicios indispensables.
Es forzoso que existan mecanismos institucionales que eviten casos como el de Lorenzo Córdova, hecho público por diferentes medios de comunicación, de contratar una empresa para que elaborara un informe de su gestión como presidente del INE (2014-2023) por 4 millones 460 mil 200 pesos. Originalmente lo que se iba a pagar eran 11 millones 600 mil pesos.
Es necesario revisar las facultades de las Direcciones Ejecutivas del Instituto para reconfigurarlas y, en otros casos, fusionarlas:
- La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores puede reducir su estructura y gasto operativo en las áreas de cartografía electoral y, depuración y actualización al padrón electoral, en atención al avance de la socialización de servicios de imágenes satelitales.
Se debe estudiar la viabilidad de emitir credenciales para votar electrónicas y los medios de comunicación electrónicos con los que actualmente se cuenta son factores que pueden disminuir el gasto;
- Valorar la conveniencia de que la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional se integre a la Dirección Ejecutiva de Administración, pasando a ser una Dirección de Área de esta última;
- Las funciones generales de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas queden reguladas en la Ley, limitando la capacidad del Consejo General para crear unidades técnicas administrativas que incrementen el presupuesto institucional; y,
- Eliminar la Comisión Nacional de Vigilancia y sus atribuciones pasen a la Comisión del Registro Federal de Electores del Consejo General, suprimiendo con ello la duplicidad de funciones.
En lo que respecta a la estructura desconcentrada del Instituto, se propone su operación permanente, con el propósito de que dichos órganos se encarguen de los programas y actividades que el Instituto opera fuera de los procesos electorales. Se propone una Junta permanente con contrataciones temporales en periodos electorales y un Consejo por cada distrito electoral federal durante los procesos electivos o en ejercicios de participación ciudadana. Se propone lo siguiente:
- Las juntas distritales ejecutivas estarán integradas por: un Vocal Ejecutivo que será responsable en todo momento de los proyectos y programas institucionales, incluyendo los del Registro Federal de Electores; un Vocal Jurídico y administrativo que coadyuvará al primero con las actividades administrativas y legales; y un Vocal Operativo, encargado de apoyar en las tareas de organización y capacitación electoral y cultura cívica.
- Los consejos distritales estarían integrados por un/a consejero/a presidente/a, quien sería la persona titular de la Vocalía Ejecutiva, y cuatro consejerías ciudadanas que tendrán derecho a percibir una dieta por esta actividad. Las cinco figuras tendrán derecho a voto. Las representaciones de los partidos políticos o de las candidaturas independientes podrán participar en las sesiones del Consejo, con derecho a voz. Aunque es conveniente valorar si la figura de los consejeros es funcional en la actualidad o deben de suprimirse y si la presencia de los representantes de los partidos es suficiente para garantizar la supervisión de los comicios;
- Es necesario evaluar la conveniencia de la eliminación las juntas locales ejecutivas. De esa manera las comunicaciones a las juntas distritales se realizarán directamente desde los órganos centrales del Instituto. Así, los cómputos de circunscripciones electorales y de las entidades federativas, para el caso de senadores, los realizará el Consejo General, con base en los resultados que entreguen los consejos distritales y los sistemas informáticos diseñados para tal efecto. La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral integrará los expedientes de los cargos de senadores y diputados plurinominales, podrá auxiliarse de las juntas distritales que considere conveniente; y,
- Eliminar las comisiones distritales y locales de vigilancia; sin embargo, los representantes de los partidos políticos que sean acreditados ante el Instituto podrán solicitar información del Padrón Electoral en todo momento y, en su caso, hacer las observaciones que consideren pertinentes, mediante los mecanismos que el Instituto apruebe.
- Fue un acierto de la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, proponer en el presupuesto de 2024 y del Consejo General en aprobar la inclusión de 5 mil 580 personas a plazas presupuestales, pues muchos de ellos tenían hasta veinte años trabajando en la informalidad.
Aunque el rediseño de la estructura del INE debe ir acompañado de la regularización en las contrataciones faltantes por honorarios de trabajadores que realizan tareas sustantivas.
El diseño organizacional del INE es una herencia del pasado autoritario. Transformarlo no es un problema técnico, sino político, porque la desconfianza continúa permeando la cultura política. Al interior de INE, desde su nacimiento, no ha existido ánimo innovador, para aprovechar creativamente la autonomía constitucional, para fortalecer a la institución. Ese rediseño debe acompañarse con la delegación de competencias a los institutos electorales locales.
Quienes detentan el poder parece que no tienen entre sus objetivos fortalecer a una institución esencial para transmisión legal, legítima y pacífica del poder.
*Profesor UAM-I,
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