Si de sancionar a servidores públicos que incurren en prácticas de corrupción y de eliminar a empresas del padrón de proveedores del gobierno que han impulsado las malas prácticas se trata, en la Secretaría Anticorrupción saben que se necesita urgentemente un nuevo marco legal que permita erradicar ese cáncer que daña el patrimonio de la nación. Con sanciones económicas irrisorias y con inhabilitaciones mínimas, para proveedores que incurren en prácticas de corrupción ante el gobierno y para malos funcionarios, el costo- beneficio de atentar contra los recursos del país ha sido más que rentable. Agregue usted cómo los juzgados en materia administrativa han tenido una racha de protección para los contratistas del gobierno que han sido inhabilitados. Así le adelanto que será en los próximos meses cuando la presidenta Claudia Sheinbaum envíe al Poder Legislativa un proyecto de ley para modificar el marco legal para combatir la corrupción en compras del gobierno, incluso con sanciones de tipo penal, más allá de inhabilitaciones o multas.
Un caso para ilustrar el problema: Después de que el ISSSTE incluyó en su lista de empresas inhabilitadas a la empresa Giormar que, durante los últimos sexenios, logró un gran portafolios de contratos en el sector salud, tanto en el organismo de salud para los trabajadores del sector público como con la SEDENA, llama la atención que el 22 de febrero de 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una circular en la que se comunicó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a la Fiscalía General de la República, así como a los gobiernos de las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, que el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en autos del incidente de suspensión 118/2023, le concedió la suspensión definitiva a Corporativo Giomar de México, S.A. de C.V, frente a un acto de inhabilitación de la hasta entonces Secretaría de la Función y del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional. Fue el propio César Alejandro Rivera Castillo, responsable del Órgano Interno de Control de la SEDENA, quien firma la circular en la que se informa que el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa exculpó a Giormar de la inhabilitación. Antes, apenas un mes antes, en enero de 2023, quien fuera titular de la misma Área de Responsabilidad del OIC de la SEDENA, José Luis Mata Herrejón, había advertido que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal debían abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Corporativo Giormar de México, S.A. de C.V. y la persona física que la representó legalmente, Agustín Pérez Sánchez, incluso cuando este último pretenda representar a empresas diversas a la sancionada. Así, los amparos cambiaron el estatus de esta empresa para regresar al ruedo de las licitaciones públicas, aunque la Secretaría de la Función Pública, hoy Secretaría Anticorrupción bajo la responsabilidad de Raquel Buenrostro, consideraba que la compañía debía seguir inhabilitada.
A punta de amparos, regresa a las licitaciones
Así se revirtió la sanción a esta compañía que formó parte de un grupo de 13 empresas castigadas en 2020 con multas por más de 21 millones de pesos por haber incumplido la entrega de medicamentos, equipo médico, insumos de alta prioridad, además de la presentación de información falsa, lo que generó quebrantos al ISSSTE por más de 44 millones de pesos. Así se borró la inhabilitación de 45 meses que había impuesto la Secretaría de la Función Pública. También llamó mucho la atención el cruce de comunicaciones entre los responsables de los órganos internos de control de distintas dependencias en las que destacaron varios juicios de amparo ante varios tribunales como el del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa para liberar a esta empresa de cualquier sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública. Al parecer, Giormar encontró el camino vía amparos para liberarse de cualquier obstáculo para volver a presentar propuestas al gobierno federal. Históricamente, los y las accionistas de esta empresa han hecho pública su buena relación con funcionarios e integrantes de la SEDENA, lo que también les sirvió para estar muy atentos a las licitaciones del ISSSTE cuando esta dependencia cobró gran injerencia en el sector salud. Ahora gracias a los recursos de suspensión, a los amparos otorgados por el Poder Judicial que, afortunadamente, se está renovando, el “Corporativo Giormar de México, S.A. de C.V.” y Agustín Pérez Sánchez, podrán presentar por sí o por interpósita persona, propuestas o celebrar contratos con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, la Fiscalía General de la República, así como con los Gobiernos de las Entidades Federativas, sus Municipios y Alcaldías de la Ciudad de México, en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes y prestación de servicios de cualquier naturaleza relacionados con las actividades sustantivas de carácter público. Nada se los impide. Hace falta ya un cambio en las leyes para sancionar a empresas que generan descalabros al Erario Público.
X: Lavillegas1