El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum parece enfrentar, cada vez más y de forma acumulativa, problemas relacionados con el pasado inmediato. Cuando Sheinbaum ganó la Presidencia hace poco más de un año, muchos afirmamos que uno de sus principales retos sería poder separar su gestión de la herencia que Andrés Manuel López Obrador le dejaría tanto en cuotas, como en compromisos o deudas. En el primer caso, no es difícil señalar a algunos miembros de su primer equipo, como son los casos de la secretaria de Gobernación, el primer titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el titular de la cartera de Organización en Morena. Por lo que hace a lo segundo, ahí están como ejemplos los coordinadores parlamentarios de Morena en ambas Cámaras, quienes alcanzaron estos cargos por los pactos que, tras los resultados internos de su partido, realizó López Obrador. Sin embargo, quizá lo más complejo de aceptar de la herencia han sido las deudas adquiridas por el anterior gobierno y traspasadas a la presidenta Sheinbaum.
Estas deudas tienen diferentes matices y, por lo tanto, generan distintos alcances e implicaciones. De un lado están algunas decisiones que no necesariamente hubieran formado parte de las prioridades de la presidenta, como lo que se refiere a los costos y complejidades derivadas del Tren Maya, ese megaproyecto que ha traído más dolores de cabeza que satisfacciones. Los sobrecostos, la falta de rentabilidad y los riesgos asociados a su operación, hacen suponer que, si por ella hubiera sido, Claudia Sheinbaum lo hubiera cancelado. Sin embargo, son otro tipo de deudas las que más costos están acarreando a la presidenta y su gobierno: aquellas en las que se formaron alianzas perversas amalgamadas por la corrupción, el financiamiento ilegal de campañas y la compra de voluntades. Casos se pueden mencionar varios, como el acuerdo – cuando menos tácito y en un descuido explícito – con algunos grupos de la delincuencia organizada para recibir recursos y contar con operadores electorales con “habilidades especiales” de convencimiento. O están también compromisos a nivel local que se formaron con los partidos Verde – Quintana Roo, Chiapas y San Luis Potosí dan cuenta de ello – o del Trabajo – posiciones plurinominales en la Cámara de Diputados o negocios relacionados con guarderías – y que hoy ponen en jaque alianzas rumbo al 2027 y 2030.
Sin embargo, quizá lo más delicado de las deudas de la herencia que hasta el momento ha enfrentado la presidenta tiene que ver con la corrupción y vínculos con la delincuencia organizada de dos altos mandos de la Marina que, para colmo de males, son sobrinos del anterior titular de esta muy relevante dependencia. Un vicealmirante – ya detenido – y un contraalmirante – prófugo de la justicia – han manchado a una institución que trasciende a su rango de secretaría de Estado y que, hasta hace no mucho, constituía un referente para gobiernos extranjeros como el estadounidense, que prefería confiar en la Armada que en el Ejército para temas relacionados con el intercambio de información para combatir la delincuencia organizada. En el afán de proteger el legado – o la herencia maldita – de su antecesor, Claudia Sheinbaum se ha envuelto en un discurso de irrestricta defensa y a ultranza del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda. Sabe que, para no manchar a López Obrador, es necesario exculparlo a pesar de sus gravísimas omisiones para atender un caso que hace tiempo conoció. Sin embargo, la presidenta también sabe las implicaciones políticas, electorales y de relaciones internacionales que su decisión puede tener. Al parecer, hasta el momento, la valoración es clara: prefiero sacrificar prestigio, confiabilidad y congruencia que romper con Andrés Manuel.
La política es pragmatismo puro, pero también incierta. El cálculo del resultado que pueda tener esta decisión es desconocido y no se conocerá el lo inmediato. Creo, a diferencia de lo que al parecer considera la presidenta, que el costo será demasiado alto y perjudicará no solo a una institución que, hasta hace no mucho, era sinónimo de pulcritud y honestidad, sino también su relación con el gobierno de Donaldo Trump en lo tocante a la seguridad y combate a la delincuencia organizada, así como en el balance electoral que pueda tener rumbo a las elecciones intermedias. Quizá, con todo lo que hasta ahora hemos conocido, la pregunta estriba en qué tan grave tendrá que ser el impacto de un hecho pasado que se conozca en el futuro para que Claudia Sheinbaum rompa con López Obrador. Por lo que hasta ahora se ha visto, la magnitud tendría que ser tal que, para cuando la decisión se asumiera, ya no hubiera nada de su gobierno que salvar. Espero equivocarme.
Profesor y titular de la DGACO, UNAM
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