En la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal defendió con firmeza su propuesta de prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de edad. El legislador advirtió que su consumo, sobre todo al mezclarse con alcohol, representa un riesgo serio para la salud de adolescentes y jóvenes. Incluso llamó a resistir las presiones de los cabilderos que buscan frenar cualquier intento de regulación. Hasta ahí, la iniciativa luce incuestionable: proteger a la juventud de productos dañinos.
El problema es la incongruencia. Mientras se impulsa la prohibición de bebidas energizantes para menores, en cualquier tienda se encuentra Electrolit, que se vende como si fuera un refresco más, pero gracias a su registro como “medicamento” esquiva todas las reglas que sí enfrentan las demás bebidas. No paga IEPS, no paga IVA y, lo más grave, no lleva sellos de advertencia en sus botellas, a pesar de tener 3.7 veces más glucosa de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para una solución de rehidratación.
La gente la consume indiscriminadamente creyendo que “no hace daño”, cuando en realidad aporta alrededor de 50 gramos de azúcar por litro, frente a los 13.5 gramos que aconseja la OMS. Esa diferencia no es inocente: responde a un ajuste en la fórmula que priorizó el sabor y la aceptación masiva, aunque eso signifique un mayor riesgo para la salud pública. En otras palabras: un producto con estas características debería llevar sellos claros de advertencia, pero hoy se esconde detrás de una etiqueta médica que lo blinda.
Aquí está la paradoja: se prohíbe a un joven comprar una bebida energizante, pero se le permite adquirir libremente una bebida con altos niveles de azúcar que, bajo cualquier otro criterio, estaría regulada. La política pública no puede funcionar con excepciones tan convenientes. Un vacío legal convertido en ventaja desleal que pone en riesgo a millones de consumidores.
No se trata de satanizar marcas específicas, sino de exigir congruencia. Si el objetivo es proteger la salud, las reglas deben aplicarse con el mismo rigor a cualquier producto que, por su composición, pueda dañar al consumidor. Lo contrario equivale a disfrazar de política de salud lo que en realidad es complacencia con intereses económicos.
La salud no admite privilegios ni etiquetas a modo. O se regulan todas las bebidas con criterios claros y parejos, o la supuesta protección se convierte en un engaño que se paga con la recaudación perdida… y con la salud de millones.
Vivo la noticia, para contarle la historia
@juanmapregunta