En las últimas cuatro décadas el sector de hidrocarburos se ha transformado profundamente al ritmo de la mayor integración de los mercados globales y la propuesta hegemónica en el contexto internacional hacia la transición energética, que relega a la energía fósil a un segundo plano en dos sentidos: sustitución por energía renovable en los países desarrollados y concentración de los hidrocarburos en las zonas de bajo desarrollo en Asia y África.
En México, como parte del discurso nacionalista, el petróleo y el gas son de los mexicanos y su explotación debe generar desarrollo sostenible y bienestar social. Esta narrativa se extiende a que la propiedad de las empresas que exploren y extraigan el hidrocarburo debe ser gubernamental con participación marginal en este mercado de los particulares, nacionales y extranjeros, mediante contratos (joint venture) o asignaciones (farm out).
Sin embargo, este condicionamiento ideológico es compatible con diversas formas de organización pública-privada en el sector energético y hay empresas públicas, híbridas y privadas que participan en las distintas etapas con diverso grado de intervención y con varias maneras de apropiarse un porcentaje de la renta petrolera, que en principio debe ser una fuente del gasto o ahorro públicos.
En nuestro país, el eje de mercado de hidrocarburos ha sido una corporación pública (artículo 25, fr. II del Código Civil Federal), que ha modificado su naturaleza jurídica en tres ocasiones: en 1938 nació como un organismo público descentralizado por decreto del Ejecutivo Federal, en 2013 se convirtió en empresa productiva del Estado y en 2024 en empresa pública del Estado. En cualquiera de estas situaciones, la distribución y comercialización se ha llevado a cabo a través de contratación de transportistas y la franquicia de expendedores de gasolina privados, ambos, y la industria petrolera se ha consolidado con una red de contratistas y subcontratistas de PEMEX.
Desde 1992, se crearon las empresas subsidiarias de PEMEX, como organismos públicos, se transformaron en empresas productivas del Estado en 2015 y se extinguieron en 2025. Las empresas filiales de PEMEX son sociedades mercantiles que operan con capital minoritario o mayoritario de esta entidad pública. El gobierno corporativo de PEMEX data desde 2014, el régimen especial de verificación del manejo de los recursos económicos de 2016 y la facultad de emitir sus propias normas de contratación de 2008 subsisten.
Las empresas filiales como Gasolinas Bienestar S.A. de C.V. y Gas del Bienestar se crearon el sexenio pasado como una estrategia en la etapa de comercialización a cargo de PEMEX, con la intención de contribuir a la regulación de los precios en el mercado. Estas filiales son empresas públicas por el origen de su capital y privadas porque su naturaleza es mercantil, como cualquier empresa de participación estatal, es decir, su naturaleza es híbrida y ambas, en términos de transparencia manejan, disponen y guardan información pública.
El discurso oficialista es que la 4T, en contraste con el neoliberalismo, recuperó del pantano de lo privado a la industria energética y, sin embargo, creó empresas mercantiles para la distribución de gasolina y gas, cuya información no se proporciona a las personas que la solicitan en ejercicio de su derecho de conocer la actuación de cualquier sujeto público.
Esto último sucedió cuando PEMEX negó dar información sobre los envíos de petróleo a Cuba, que despachó Gasolinas Bienestar S.A. de C.V. y alegó que no procedía proporcionarla porque la persona involucrada en esas operaciones era una sociedad mercantil de derecho privado y, por lo tanto, no era sujeto obligado para efectos de la ley de transparencia. Con independencia de la incorrección del argumento, lo que resalta aquí es la incongruencia en la narrativa oficial.
La privatización se puede entender de dos maneras: la enajenación o desincorporación de activos del Estado, que en el caso no ha ocurrido desde 1917, que consignó la propiedad originaria de la Nación sobre el subsuelo y el derecho estatal a imponer modalidades a la propiedad particular y la transferencia de la gestión de una actividad gubernamental a una persona de derecho privado. En ese sentido, la creación de las empresas privadas es una de las formas de la huida del derecho público, que tan señaladamente los gobiernos de la 4T han descalificado por ser prácticas contra los intereses del Pueblo.
PEMEX y CFE no fueron rescatadas de manos privadas en su tránsito de empresas productivas del Estado a empresas públicas del Estado, ni Gasolinas Bienestar es un ente privado puro, que no esté obligado a la transparencia. La información sobre el envío de combustible a Cuba debe proporcionarse y Transparencia para el Pueblo o, en su caso, el poder judicial debiera ordenar su entrega al solicitante. Esas son las reglas de la transparencia, pero nada es previsible hasta que conozcamos el grado de autonomía que está dispuesto a ejercer la titular de ese órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Estemos atentos.
Profesor de la Universidad de las Américas Puebla
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