Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo trazó con claridad una de las rutas más contundentes de su administración: la modernización profunda de la Ley Aduanera. No se trata de una reforma administrativa más, sino de una decisión de Estado que busca sellar los vacíos legales que por años han permitido la evasión, el contrabando y el huachicol fiscal en las aduanas mexicanas.
Desde Palacio Nacional, el mensaje fue inequívoco: México no será rehén de la corrupción en sus fronteras, ni cómplice de quienes abusan de los privilegios del comercio exterior para evadir sus responsabilidades fiscales. La presidenta fue categórica: “No habrá tolerancia ni complacencia; el país necesita orden, legalidad y justicia tributaria”.
Durante décadas, las aduanas han sido territorio de privilegios, discrecionalidad y complicidades. Por ellas transitan las rutas del desarrollo, pero también los caminos de la impunidad. El huachicol fiscal —ese contrabando invisible que se oculta tras facturas falsas y operaciones trianguladas— ha drenado miles de millones de pesos al erario, debilitando la capacidad del Estado para invertir en infraestructura, salud, educación y bienestar.
La presidenta Sheinbaum ha decidido enfrentar de raíz este fenómeno con tres líneas estratégicas:
1. Digitalización total del sistema aduanero, con tecnología de trazabilidad, escáneres de última generación y herramientas de inteligencia artificial para el monitoreo de operaciones.
2. Coordinación interinstitucional, bajo el mando directo del SAT y con el apoyo operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, para garantizar control y vigilancia permanente.
3. Reforma legal integral, que unifique criterios, cierre lagunas y establezca sanciones ejemplares para quienes intenten burlar la ley.
La instrucción presidencial es contundente: orden, transparencia y justicia en cada puerto, aeropuerto y frontera terrestre del país.
La economía formal como eje de soberanía no se limita a un enfoque recaudatorio, así lo enfatiza la Presidenta Sheinbaum, su visión es más amplia, es la de consolidar una economía de la legalidad, donde el cumplimiento fiscal sea sinónimo de patriotismo económico.
Cada empresa que declara correctamente, cada mercancía que entra con documentación completa, fortalece la soberanía nacional. Cada evasor, cada operación simulada, la vulnera.
Sheinbaum lo dijo con fuerza: “No puede haber justicia social si permitimos injusticia fiscal”. Con esta premisa, la reforma aduanera se inscribe dentro del nuevo modelo de desarrollo que impulsa su gobierno: crecer con integridad, competir con honestidad y comerciar con transparencia.
Con la claridad de que México no se subordina y defiende su soberanía, las presiones internacionales —incluidas las declaraciones recientes sobre el T-MEC y los aranceles a los tractocamiones pesados—, la presidenta reafirmó que México defenderá su comercio exterior desde la legalidad, pero también desde la dignidad.
La Ley Aduanera actualizada será el escudo jurídico y operativo con el que el país reafirme su capacidad de regular lo que entra y sale de su territorio, sin interferencias indebidas ni ventajas injustas para nadie.
“El Estado mexicano no pedirá permiso para hacer valer su ley”, enfatizó Sheinbaum, enviando un mensaje de fortaleza y decisión a quienes dentro o fuera del país intenten vulnerar los intereses nacionales.
La transformación de las aduanas será un proceso técnico con un nuevo orden aduanero pero también moral.