Un importante avance civilizatorio ocurrió hace algunos días cuando Uruguay se convirtió en el primer país latinoamericano en aprobar una “Ley sobre Muerte Digna”, legalizando la eutanasia. Esta normatividad permitirá que personas mayores de edad puedan solicitarla bajo condiciones específicas de enfermedad incurable o sufrimiento insoportable. Otros países han intentado dar este paso fundamental en la ampliación de los derechos humanos, como Colombia y Ecuador donde se ha despenalizado esta práctica pero solamente mediante sentencias judiciales. En otros países de la región existen proyectos legislativos congelados en el Poder Legislativo, mientras que en EU solo siete estados la contemplan.
En México el derecho a la eutanasia se encuentra prohibido por la Ley General de Salud, aunque ya está enunciado en otras normatividades como en la Constitución Política de la Ciudad de México, que reconoce el derecho a morir dignamente. En su artículo 6 establece el principio de la autodeterminación personal que incluye el derecho a una muerte digna. Sin embargo, este derecho es enunciativo en los hechos porque desde su promulgación en 2017, aún no se ha reglamentado en las legislaciones secundarias. Además, la eutanasia activa sigue penalizada por el Código Penal de la CDMX, a pesar de que existe desde 2008 una ley de Voluntad Anticipada que permite rechazar tratamientos médicos que solo prolongan la vida en casos de enfermedades terminales.
En un momento en el que se están restringiendo los derechos humanos a nivel planetario, es de reconocerse el espíritu progresista que anima el tema ético, jurídico y existencial del final de la vida. Se trata de la eutanasia, del suicidio asistido o de la autonomía individual para decidir sobre la propia muerte. Aquí aparecen preguntas clave: ¿quién debe decidir sobre nuestro fin de vida?, ¿nosotros mismos o un tercero representado por una institución, una iglesia o un poder político? Para responder, se reafirma que cada persona tiene el derecho inalienable de decidir sobre su propia muerte bajo condiciones de libertad, conciencia y responsabilidad sin que otras instancias impongan su voluntad sobre esta decisión.
El derecho a morir involucra el acto de poner fin a la propia vida en condiciones de sufrimiento insoportable, pérdida de sentido o enfermedad irreversible. Al respecto, el filósofo David Hume en su “Ensayo sobre el Suicidio” (1757), cuestionó el prejuicio moral y religioso que condenaba el acto de quitarse la vida. Sostenía que el suicidio no viola los deberes hacia Dios porque ocurre dentro de su orden, no viola los deberes hacia los demás sino causa daño y no viola los deberes hacia uno mismo si la vida se ha vuelto una carga insostenible. La eutanasia se inscribe en esta tradición de la
autonomía moral representada en decidir el propio final como un ejercicio de libertad racional.
La modernidad construyó un ideal de autonomía y de autodeterminación personal, pero sigue sin aceptar sus consecuencias en el terreno más extremo de la decisión sobre la propia muerte. La tesis de la auto-disponibilidad existencial plantea el dilema de hasta donde una persona puede disponer de su vida. Sobre esto, en las últimas décadas el debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido ha pasado de ser un tabú moral a convertirse en un problema jurídico y político de primer orden. Esto porque existe una profunda distinción entre solo vivir biológicamente y vivir con dignidad sin sufrimiento insoportable.
Más allá del dramatismo individual, los casos conocidos revelan un enorme vacío normativo. Esta falta de claridad genera sufrimiento, inseguridad jurídica y desigualdad moral. Ha llegado el momento para impulsar una reflexión pública en México sobre el fin de la vida, obligando a gobernantes, legisladores y jueces a pronunciarse sobre el derecho ciudadano a decidir cuándo y cómo el individuo puede disponer libremente de su vida.