Luego de revisar cifras de informes como los de la Encuesta de Seguridad Urbana (ENSU), y la reciente comparecencia en el Senado del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, hay que decirlo: la seguridad en México atraviesa una fase de transición. Hay importantes avances en los grandes indicadores, como la reducción del promedio diario de homicidios dolosos, decenas de miles de detenciones por delitos de alto impacto, el aseguramiento de drogas más elevado que se ha reportado hasta ahora y miles de clausuras de tomas clandestinas de hidrocarburos, así como millonarias recuperaciones de estos combustibles.
Son resultados que configuran un cuadro de eficacia táctica ¿Qué pudo haber cambiado en la estrategia nacional para llevar al país a estos resultados? La respuesta ha sido puntual: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación, y coordinación del Gabinete de Seguridad con las entidades federativas; ejes que revelan una dirección correcta: el crimen y el delito no solo se corrige con más fuerza pública o más punitividad, es fundamental integrar la agenda de desarrollo y el combate a la corrupción dentro de un mismo marco de planeación.
La expectativa de recaudar 400 mil millones de pesos adicionales en 2026, sin duda que fortalece aun más la posibilidad de seguir alcanzando logros, al vincular cada peso extraordinario a capacidades institucionales concretas, en este caso en materia de seguridad. Inversión que deberá de traducirse en policías locales certificados, con mejor aplicación de sus métodos de investigación, flagrancias e informes policiales; fiscalías coordinadas que compartan bases de datos y litiguen con evidencia financiera y, visión metropolitana entre los muncipios conurbados del país (que cada vez son más) que devuelvan funcionalidad y eficacia en la prevención y procuración de justicia, pero sobre todo la confianza de las personas en el uso y disfrute de los espacios públicos urbanos y rurales sin temor a ser víctimas de delito.
La reducción sostenida de cifras clave en seguridad demuestra que el Estado SI puede modificar estructuras delictivas cuando actúa con inteligencia operativa, coordinación y control territorial. El siguiente desafío es consolidar la gobernanza; esto es: pasar del resultado aislado a sistemas medibles donde lo principal sea la colaboración de autoridades y ciudadanos. Porque tambien se trata de seguir desarrollando y escalando los mecanismos y estrategias que atiendan las causas estructurales, pero también aquellas que en su cimiente propician el crimen organizado y un amplio catalogo de delitos, que sabemos que no se resuelven en ningún país de la noche a la mañana.
La seguridad, entendida así, no es solo la ausencia de crimen, sino la presencia efectiva de los aparatos de seguridad del Estado en cada espacio público y en cada comunidad donde a confianza y colaboración se expresan como legitimidad ciudadana. Esos son los terrenos donde avanzará esta transformación.
Como podemos concluir, el verdadero termómetro de los avances en seguridad, más allá de la reducción de cifras macro, reside en la recuperación de la confianza ciudadana y la reapropiación de los espacios públicos urbanos y rurales. A partir de ello, el éxito de la estrategia integral deberá medirse por su capacidad para devolver a las personas la libertad de vivir sin miedo. Por ello, la seguridad, se convierte en un derecho ejercido y en la presencia efectiva del Estado que facilita el desarrollo comunitario, demostrando que el cambio estructural solo es sostenible cuando se traduce en una mejora tangible en la calidad de vida y el tejido social del país.