Hace días, la profesora y jurista italiana Francesca Albanese, quien desde 2022 ocupa el honroso cargo de “Relatora Especial de la ONU sobre la Situación de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967”, presentó ante la Asamblea General -en su 80 periodos de sesiones-, su más reciente reporte titulado: “Genocidio en Gaza: un Crimen Colectivo”. La Relatora Especial es una experta independiente nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para seguir e informar regularmente sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino. Desde su establecimiento en 1993, la relatoría especial ha sido encabezada por diferentes países, siendo Francesca Albanese la primera mujer en ocuparla.
Este reporte no es un ensayo académico, sino un informe temático y jurídico de procedimiento especial que se presentó ante la ONU y que marca un paradigma al insistir explícitamente en la figura del genocidio como crimen colectivo. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, establece que la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso y someter a ese grupo a condiciones de existencia calculadas para acarrear su destrucción física, es genocidio. En esta definición el elemento principal es la intención, -el “dolus specialis”-, de destruir al grupo. El genocidio es inmoral por esencia. No existe un buen genocidio, ni el genocidio justo, porque siempre se expresa a través de prácticas de guerra no contra los Estados y sus ejércitos, sino contra los pueblos.
El informe sostiene que aquello que ocurre en Gaza representa un crimen colectivo. No se trata solamente de daños o crímenes de guerra, sino de un verdadero genocidio. La investigación está respaldada por el conjunto de hechos e informaciones, el contexto regional y el patrón sistemático de destrucción, así como por la complicidad activa de diferentes países que han permitido la continuidad del daño. Identifica y documenta estos apoyos por parte de terceras naciones, ampliando la responsabilidad internacional más allá del actor directo. Describe un patrón sostenido y planificado de genocidio sobre Gaza que ha sido diseñado y ejecutado por Israel, con el apoyo de otras naciones que proveen armas, mantienen los flujos financieros, el apoyo político, el encubrimiento de los medios de comunicación y la cobertura diplomática, para permitir que continúe la destrucción del pueblo palestino. Aunque no lo señala explícitamente, es evidente que se trata de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania e Italia.
El documento describe la imposición de condiciones de vida deliberadamente diseñadas para destruir –o contribuir a la destrucción- de una parte sustancial del grupo palestino en Gaza, entre las que destacan la grave escasez de alimentos y agua, los cortes de energía eléctrica, la destrucción de hospitales, escuelas y viviendas. Esto incluye la destrucción masiva de infraestructuras clave, así como bombardeos indiscriminados
sobre la población civil. Más allá de las acciones puntuales de violencia, existe –al igual que durante el Holocausto ejecutado por los nazis sobre los judíos- un patrón sistemático, perfectamente planificado y de diseño casi científico de exterminio, ocupación, desplazamiento, demolición de estructuras vitales y transformación del territorio palestino. Este patrón debe entenderse no como resultado del conflicto, sino como parte de una amplia estrategia que tendrá efectos de largo plazo sobre los derechos humanos del pueblo palestino.
Donald Trump impidió a Francesca Albanese viajar a Nueva York para presentar su relatoría personalmente en la ONU. En respuesta a esa medida, ella respondió: “esto no es una señal de poder, es de culpabilidad”. Como era de esperarse, su informe fue duramente cuestionado por Israel, al grado que su embajador, al referirse a su persona, la llamó: “bruja”. Y en efecto, la cacería de brujas ha comenzado contra quienes denuncian públicamente este genocidio.