Los compromisos asumidos en el T-MEC se están convirtiendo en un obstáculo difícil de superar para México. Washington y Ottawa ya han encendido señales de alerta: el país enfrenta señalamientos formales por incumplimientos y prácticas que, según autoridades y organismos económicos de Estados Unidos, contradicen las reglas del acuerdo. En un contexto en el que la revisión del tratado está a la vuelta de la esquina —2026—, estos temas no solo adquieren relevancia jurídica y comercial, sino que impactan la posición negociadora de México y su atractivo para la inversión extranjera.
Uno de los expedientes más relevantes es el energético. Estados Unidos ha solicitado consultas bajo el capítulo de resolución de controversias argumentando que la política energética mexicana favorece a las empresas estatales y limita la participación privada, violando el principio de trato equitativo. La preferencia regulatoria y operativa hacia CFE y Pemex, según Washington, ha frenado proyectos privados y retrasado permisos en generación y combustibles. Este caso podría escalar a un panel arbitral con consecuencias económicas.
En materia laboral, el Independent Mexico Labor Expert Board ha señalado incumplimiento en garantías de libertad sindical, negociación colectiva y mejora salarial. Aunque México ha activado el Mecanismo de Respuesta Rápida en varias plantas, organizaciones laborales en Estados Unidos afirman que subsisten prácticas de intimidación y contratos de protección. Casos como el de la planta automotriz en Silao —donde se intervinieron procesos sindicales— reflejan el escrutinio creciente.
El sector agrícola también está bajo presión, particularmente por la política mexicana respecto al maíz transgénico. La decisión de limitar su importación para uso humano ha motivado consultas formales de Estados Unidos, que considera la medida como una restricción sin sustento científico que afecta exportaciones estadounidenses.
A estos casos se suman observaciones sobre propiedad intelectual, permisos sanitarios y transparencia regulatoria. En conjunto, configuran un panorama complejo: si México no logra demostrar avances y alineación normativa, el T-MEC podría transitar de motor de integración a arena de disputas comerciales. El reloj ya corre, y el costo de incumplir puede volverse más alto de lo que la administración prevé.
COSTOS.- La discusión sobre el costo del espectro radioeléctrico en México vuelve a tomar fuerza ante la reciente medición publicada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que intenta mostrar que el país ha mejorado su posición internacional y que los derechos por uso de frecuencias son “competitivos”. Sin embargo, especialistas del sector advierten que esta narrativa distorsiona la realidad y oculta un problema estructural que ha frenado inversión, despliegue de redes y recaudación fiscal.
El análisis de mercado revela que México continúa entre los países con el espectro más caro del mundo. Bandas clave para 4G y 5G —como AWS, 2.5 GHz y 3.5 GHz— presentan sobreprecios de hasta 90% respecto a benchmarks internacionales. Este costo excesivo se ha traducido en decisiones empresariales drásticas: operadores como Movistar han devuelto espectro en su totalidad, mientras que AT&T ha reducido tenencia, afectando la competencia y la cobertura de servicios móviles.