
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ha generado una reacción muy fuerte en la sociedad mexicana, por las características del personaje y las circunstancias, públicas, en que ocurrió.
A pesar de ello, se equivocan quienes quieren considerar el asunto como un hecho aislado, al que bastaría con esclarecer para desactivar la indignación social. Manzo es el más relevante y conocido de los diez alcaldes mexicanos que han sido asesinados en los últimos trece meses. El estado de Michoacán ha vivido una ola de violencia, extorsiones y asesinatos desde hace varias semanas. El homicidio del alcalde ocurrió apenas diez días después del que sufrió Bernardo Bravo, presidente de la asociación de citricultores.
Contemporáneamente, en estos días se han llevado a cabo protestas de agricultores y de transportistas que han colapsado importantes carreteras del país. En ellas, de manera directa o indirecta, está la denuncia de las extorsiones que sufren estos grupos de parte del crimen organizado.
Lo que tenemos, pues, es un hartazgo creciente hacia la delincuencia organizada por parte de los grupos afectados y, contemporáneamente, una ofensiva de los criminales, que no quieren que haya quien alce la voz y dan escarmiento ejemplar a los pocos valientes. Lo que tenemos es que, a pesar de que ya se acabó, al menos en el discurso, la estrategia de “abrazos, no balazos”, persiste el terrible hecho de que hay zonas del país en las que no manda el gobierno, sino las bandas delincuenciales. Y que algunas de estas pandillas están enviando el mensaje de que ellos, y no la autoridad, son quienes realmente mandan.
Si viviéramos en un país en el que lo importante fuera resolver los problemas, y no polarizar para ganar o mantener simpatías, habría una reflexión a fondo sobre lo que funciona y lo que no está funcionando en la estrategia contra la violencia y el crimen organizado. Esa, en principio, debería ser la principal preocupación, y la principal tarea del gobierno federal. Está visto que los pequeños avances son insuficientes, que la inseguridad golpea muchos frentes sociales y también afecta la economía nacional. Se hacen necesarios ajustes que sean visibles para la población. Entre ellos, atender de otra manera emergencias como las que vive Michoacán y acabar con la colusión más evidente de algunos funcionarios públicos con las mafias criminales.
Pero vivimos en un país en donde ha primado la política mal entendida: la del enfrentamiento ideológico y propagandístico por encima de los intereses comunes. En esa lógica se inscribe la primera reacción de la presidenta Sheinbaum, que había sido precedida por declaraciones de parte de diversos propagandistas del lopezobradorismo.
Lo que hay, además de las sentidas condolencias, es una distribución de culpas, en un intento -no sabemos si será exitoso- de desactivar la indignación, para que no toque al régimen. Lo que habría detrás de esta indignación es una estrategia de la “derecha”, de los medios, de los “comentócratas”, porque en realidad el culpable del asesinato del alcalde es Felipe Calderón, que inició hace tres lustros el baño de sangre con su guerra contra el narcotráfico.
La estrategia de Calderón, efectivamente, resultó un desastre sangriento. Pero es de hace 15 años. Y la estrategia, mucho más reciente, de Andrés Manuel López Obrador, para nada resolvió el asunto y, en algunas zonas del país la agravó. Además, vale recordar que Lázaro Cárdenas Batel, hoy jefe de la Oficina de la Presidencia de Claudia Sheinbaum, fue quien, en 2008, cuando era gobernador de Michoacán, pidió a Calderón apoyo especial, obtuvo siete mil soldados y ahí empezó su guerra de aquel presidente contra el narcotráfico.
Desviar responsabilidades no sirve. Tampoco sirve querer dibujar al asesinado Carlos Manzo, quien fuera diputado por Morena, como una suerte de aspirante a Bukele. Y el calificativo de “buitres”, que abarca igualmente a quienes se indignan justamente que a los que tratan de sacar raja política del asunto, resulta contraproducente, no sólo por considerar carroña a los fallecidos, sino porque el partido en el gobierno ha sacado raja política de más de un caso de violencia criminal e institucional ocurrido en el país. La cereza amarga del pastel es la advertencia de que se averiguará quiénes son los que convocan, a través de redes sociales, a una marcha de protesta por el asunto. Todo mal, como diría un clásico.
En esa confusión de prioridades estamos. Y mientras lo estemos, atenazados por la polarización politiquera, el país se seguirá tropezando, una y otra vez, con la misma piedra y Carlos Manzo será, para desgracia nacional, uno de tantos.
Twitter: @franciscobaez