El conflicto agrícola que enfrenta México ha llegado a un punto decisivo. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una propuesta integral para atenderlo, con respaldo financiero y una visión de largo plazo. Si bien la situación en el campo no es nueva, ha evolucionado hasta convertirse en un desafío que requiere atención prioritaria para preservar la estabilidad productiva y social del país.
Los productores exigen una reasignación presupuestal de 35 mil millones de pesos y un precio mínimo de siete mil doscientos pesos por tonelada de maíz. Frente a una propuesta inicial de 13 mil 500 millones, la diferencia revela el rezago acumulado. Según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, los costos de producción han aumentado más de 46 % en cinco años, mientras que los precios internacionales del maíz, el trigo y la soya han caído hasta la mitad desde 2022. El resultado ha sido un colapso de la rentabilidad: en el maíz blanco, el margen promedio nacional cayó de más del 50 % a apenas 12 %. Situaciones similares amenazan a productores que abastecen más del 60 % del mercado nacional.
Resolver el conflicto exige más que subsidios: demanda una política agroalimentaria de Estado que reconcilie productividad con equidad y siente las bases de una verdadera soberanía alimentaria. Según la FAO, ésta solo se alcanza cuando un país produce al menos el 75 % de lo que consume.
Hace unos días, tras bloqueos y protestas en estados como Guanajuato, Jalisco y Michoacán, Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, con la atinada intervención de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, alcanzó un acuerdo con los productores. Se estableció un precio de garantía de 6 mil 50 pesos por tonelada de maíz blanco, más un apoyo extraordinario de 950 pesos (800 federales y 150 estatales), aplicable a productores con hasta 20 hectáreas y 200 toneladas por ciclo. Además, se habilitarán créditos con tasa anual del 8.5 % y seguros agropecuarios que cubrirán sequías, inundaciones o plagas.
También se creará el Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz para dar certidumbre a la cadena. Aunque el precio final está por debajo de la demanda inicial de 7 mil 200 pesos, representa un avance frente al mercado internacional, que ronda los 3 mil 400 pesos por tonelada.
En muchos hogares —también en México— el hambre y la obesidad conviven: quien un día no come lo suficiente, al siguiente solo puede pagar alimentos ultraprocesados. El escritor Michael Pollan llamó a esto el “dilema del omnívoro”: una confusión moderna ante la abundancia que nos ha hecho olvidar de dónde viene lo que comemos. El maíz, base de la civilización mesoamericana, se ha convertido en materia prima global, símbolo de una desconexión entre la tierra y la mesa, entre la política agrícola y el consumidor.
Revertir esa lógica exige una visión integral. No se trata solo de producir más, sino de producir con sentido y sostenibilidad. Se requieren inversiones públicas, protección del suelo, apoyos que devuelvan certidumbre al productor y cadenas de comercialización transparentes.
El conflicto en el agro mexicano aún no ha llegado a su fin. En distintas regiones del país, incluidas la Ciudad de México y su zona metropolitana, persisten manifestaciones y bloqueos impulsados por agricultores que no comparten los términos del acuerdo gubernamental. La soberanía alimentaria no se impone desde un decreto: se cultiva con diálogo, justicia y compromiso. El hambre del pueblo es la más dura forma de dependencia; por ello, es momento de volver la mirada al campo, de reconciliar la política con la tierra y de sembrar, juntos, las bases de un México verdaderamente soberano.