En México, la fiscalización del gasto público suele irrumpir en el debate solo ante crisis o escándalos. Sin embargo, el verdadero reto no es solo castigar daños ya irreparables, sino instaurar una vigilancia permanente, profesional y ciudadana sobre los recursos públicos. En este marco, las iniciativas del diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar constituyen un esfuerzo serio y coherente para robustecer el sistema nacional de rendición de cuentas, restituyendo a la fiscalización el rol estratégico que le otorga la Constitución.
Ramírez Cuéllar arranca de una realidad innegable, el modelo actual llega tarde. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisa el presupuesto más de un año después de su ejecución, cuando cualquier daño patrimonial es casi imposible de revertir. En 2024, por ejemplo, la ASF entregó su segundo paquete de informes de la Cuenta Pública con un rezago promedio de 18 meses. Ese desfase no solo impide recuperar recursos, solo 3 de cada 100 pesos observados se recuperan efectivamente, sino que convierte la fiscalización en un ejercicio arqueológico, excava ruinas, pero no previene derrumbes.
Su propuesta ajusta los plazos con calendarios estrictos para la entrega de la Cuenta Pública y los informes de auditoría. La idea es simple pero revolucionaria: la Cuenta Pública se presenta en abril, no en junio; los informes individuales se entregan trimestralmente, no anualmente; las observaciones se notifican en 30 días, no en 90. Así, la revisión pasa de ser punitiva a preventiva. Fiscalizar a tiempo no es un lujo técnico, es gobernar con mayor eficacia. Un desvío detectado en marzo puede corregirse en abril; uno detectado en diciembre del año siguiente ya es irreversible.
Las reformas van más allá de los tiempos. Un pilar clave es blindar la autonomía, el profesionalismo y la neutralidad de la fiscalización, liberándola de vaivenes políticos, negociaciones partidistas o cálculos electorales. Ramírez Cuéllar impulsa cambios que erradican el nepotismo, prohibiendo contrataciones de familiares hasta el cuarto grado, protegen la estructura técnica de la ASF con concursos públicos para auditores especiales, y empoderan al Congreso para supervisar resultados sin injerencias.
En octubre de 2025, la ASF vivió un ejemplo doloroso de lo que ocurre cuando falla la neutralidad, la salida del Auditor Especial del Gasto Federalizado, Emilio Barriga, señalado por auditorías “a modo” y parentescos indebidos. El mensaje es claro, la fiscalización no puede ser rehén de nadie.
Otro eje es la apertura ciudadana. La rendición de cuentas pierde sentido si permanece como un tecnicismo reservado a expertos. Debe ser pública, accesible y útil para la gente. Las propuestas del diputado habilitan mecanismos concretos:
• Plataforma digital ciudadana para rastrear en tiempo real proyectos, obras y contratos (similar a la Plataforma Nacional de Transparencia, pero con alertas automáticas).
• Informes de auditoría en lenguaje claro, con infografías, videos y resúmenes ejecutivos en redes sociales.
• Denuncias anónimas con respuesta garantizada en 48 horas, vía app o WhatsApp.
Un Estado que se fiscaliza ante sus ciudadanos no solo es más sólido: es más legítimo. En 2023, solo 12% de los mexicanos confiaba en la ASF, según Latinobarómetro. La opacidad mata la confianza; la transparencia la reconstruye.
Además, se concibe la fiscalización como aliada de la mejora gubernamental, no como mero instrumento de sanción. Con facultades ampliadas y plazos óptimos, la ASF podría emitir alertas tempranas (riesgo de sobreprecio en licitación) y recomendaciones correctivas (ajuste presupuestal antes del cierre del ejercicio).
Un caso emblemático, en 2022, la ASF detectó irregularidades en el programa Sembrando Vida, dos años después de que el daño ya sumaba 5,200 millones de pesos. Con el modelo propuesto, esa falla se habría identificado en el primer semestre y corregido antes de escalar. Así, la fiscalización se transforma en un motor de planeación, eficiencia y responsabilidad.
En el fondo, este enfoque reivindica una verdad elemental: el dinero público pertenece a la gente. Cada peso tiene dueño y propósito. Su uso transparente fortalece la confianza; su dilapidación o encubrimiento, la erosiona. En 2024, la ASF reportó observaciones por 142 mil millones de pesos. De ese monto, solo 4 mil millones se recuperaron. El resto se perdió en la niebla de la impunidad. La visión de Ramírez Cuéllar devuelve a la sociedad la certeza de que el Estado no solo gestiona recursos, sino que responde por ellos. No se trata de cacería de brujas, se trata de devolverle al pueblo lo que es suyo.
En esta era de redefinición nacional, fortalecer la fiscalización no es un lujo, sino una urgencia ética y política. Estas propuestas modernizan, agilizan y humanizan la rendición de cuentas, sin dividir ni acusar por consigna, solo buscan reconstruir puentes de confianza y asegurar que el gasto público cumpla su fin último, mejorar la vida de las personas.
Si México anhela un gobierno transparente, eficaz y cercano, este es el camino correcto.
No hay democracia sin fiscalización; no hay confianza sin transparencia. Y no hay futuro sin un Estado que rinda cuentas como si cada peso fuera el último.