Hoy los diputados de Morena y sus aliados, que son mayoría en la Cámara de Diputados, se alistan para aprobar, primero en la Comisión de Puntos Constitucionales y posteriormente en el pleno, la reforma constitucional que les permita adelantar un año la consulta de revocación de mandato de Claudia Sheinbaum. El argumento esgrimido es que, de esta manera, se ahorrarían importantes recursos económicos. Recordemos que la revocación de mandato es un mecanismo constitucional por el que la ciudadanía tiene derecho a decidir libremente si una persona que desempeña un cargo público de elección popular, debe concluir de manera anticipada el puesto para el cual fue elegida. La experiencia contemporánea del ejercicio de la revocación de mandato indica que puede ser manipulado como propaganda por el propio gobernante para transformarla en una ratificación.
La intención de reformar el artículo 35 de nuestra Constitución Política con el objetivo de adelantar para las elecciones intermedias de 2027, la consulta de revocación de mandato de la Presidenta de la República prevista originalmente para 2028, plantea el tema de la autonomía que debe tener la sociedad civil respecto del Estado. Es obvio que la presencia de la mandataria en las boletas electorales alterará los equilibrios políticos e influirá en las opiniones de los ciudadanos a la hora de votar. La relevancia de las elecciones del próximo año radica en su alcance, dado que se renovarán 17 gubernaturas, 500 diputados federales, 1088 legisladores en congresos locales, decenas de integrantes de ayuntamientos (regidores, síndicos y presidentes municipales), así como diferentes puestos en el Poder Judicial.
Producto de las transformaciones institucionales ocurridas en México durante los últimos años, se observa el desarrollo de una profunda tensión entre la sociedad civil y la sociedad política. En momentos pareciera que se está configurando un Estado totalizante, es decir, un Estado que absorbe, controla y penetra todas las esferas de la vida social, de modo que no deja zonas autónomas para la sociedad civil. La forma en la que se articula o se separa, el poder político estatal y la vida asociativa social “no-estatal” dice mucho sobre la calidad de una democracia. Por un lado, algunos consideran que el Estado es la racionalidad de la colectividad y que la sociedad civil solamente expresa parcialidad y particularismos, por lo que resulta necesario “elevar” esos intereses al plano universal. Mientras que, por el otro lado, se manifiestan quienes sostienen que la sociedad civil es el lugar de la libertad real donde el Estado debe limitarse y ser controlado por esa sociedad.
El tipo de relación Estado-sociedad civil proyecta el modo en el que se distribuye el poder, la coerción legítima, la representación política y la producción de consenso entre la autoridad pública y las formas libres de asociación social. Frente a la pregunta: ¿en una democracia quien debe prevalecer la sociedad civil o el Estado?, se puede
responder que la democracia es un régimen de limitación y reciprocidad, y que no admite el esquema de la prevalencia de una sobre el otro. Mientras que el Estado debe poder limitar a actores privados que lesionan derechos, la sociedad civil debe poder controlar al poder público. Si domina el Estado surgen esquemas autoritarios con tendencias hegemónicas sobre la base de una ciudadanía pasiva. Contrariamente, si domina la sociedad civil existe el riesgo de que emerja un poder elitista y se desarrolle una feudalización del ámbito social.
En una democracia constitucional no prevalece ni el Estado ni la sociedad civil, prevalecen los derechos humanos y la dignidad de las personas. Actualmente, el Estado y la sociedad mexicana se han desarrollado para que los derechos no dependan del capricho de ningún poder. Resulta necesario, entonces, evitar que la revocación se convierta en ratificación.