Cada diciembre, miles de familias mexicanas salen a las calles para ver pasar un espectáculo que se ha vuelto parte de nuestra cultura popular: las Caravanas Navideñas de Coca-Cola. No se trata solo de camiones iluminados; es música, convivencia, emoción infantil, celebración comunitaria. Sin embargo, hoy enfrentan una cruzada para prohibirlas bajo el argumento de que constituyen una “estrategia persuasiva de publicidad dirigida a la infancia”. Una pretensión que, además de exagerada, carece de sustento legal.
La organización El Poder del Consumidor sostiene que estos desfiles “capturan símbolos culturales” para inducir al consumo de bebidas azucaradas. También citan cifras sobre obesidad, diabetes y enfermedades asociadas al consumo de refrescos, señalando a las caravanas como parte de un ecosistema de publicidad nociva para niñas y niños. Pero confunden dos debates completamente distintos: uno es la legítima preocupación por los hábitos alimentarios; otro, muy diferente, es cancelar un desfile que miles disfrutan (muchos de los cuales seguramente ni siquiera consumen el producto) en nombre de una interpretación forzada del reglamento de salud.
El marco jurídico es claro. El artículo 22 Bis del Reglamento de la Ley General de Salud limita la regulación a la publicidad de productos específicos, no a los nombres de empresas ni a actividades recreativas en espacios públicos. Además, esta regulación sólo aplica a televisión, cine, internet y plataformas digitales, no a calles, plazas o eventos culturales. Las caravanas no publicitan directamente un producto con etiquetado frontal: no venden, no regalan, no promueven el consumo de bebidas in situ. Su presencia de marca -como la de cientos de empresas en ferias, festivales, conciertos, o eventos deportivos- no cae dentro de las restricciones establecidas.
La interpretación prohibicionista tampoco contempla un detalle fundamental: la COFEPRIS nunca emitió los lineamientos obligatorios para operar estas disposiciones. Es decir, no existe procedimiento para permisos ni criterios aplicables a eventos presenciales. Pretender prohibir un desfile sin marco normativo es, simplemente, improcedente.
La discusión de fondo es otra. ¿De verdad estamos defendiendo la salud infantil cancelando eventos culturales que integran a las familias, pero sin tocar las causas estructurales de obesidad? Si bien la estrategia nacional impulsada por el Gobierno de México, “Vive saludable, vive feliz” contribuye a garantizar el bienestar y la salud de las niñas y los niños de las escuelas del país, mediante acciones orientadas a la promoción de hábitos saludables, ahí es donde las acciones se tienen que fortalecer, no en cancelar actividades recreativas para toda la familia. Prohibir por prohibir no transforma la realidad; solo genera castigos simbólicos, desconectados de lo que realmente importa.
Las caravanas/desfiles no obligan, no manipulan, no imponen. Quien quiere va, quien no quiere no va. Defender la libertad de decisión de las personas no debería ser polémico. Cancelarlas es un exceso y, además, un sinsentido.
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@juanmapregunta