El 25 de noviembre, conmemorado hace apenas unos días como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, volvió a reunir datos que ayudan mucho a dimensionar el panorama de esta lamentable situación en la que aún tenemos mucho que hacer, pero también mucho que decir.
Al respecto, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ha señalado que 7 de cada 10 mujeres han vivido al menos una forma de violencia a lo largo de su vida, mientras que el Secretariado Ejecutivo en su reporte más reciente, informó la preocupante cifra de más de 600 feminicidios anuales. Lo anterior, en términos muy puntuales ayuda a entender que nos encontramos en una realidad donde millones de mujeres han tenido que modificar rutinas, decisiones e incluso expectativas para convivir con un riesgo que no debería de existir. Por ello se requiere de respuestas urgentes.
En este contexto, cada uno de los 32 estados del país han anunciado pasos hacia la homologación de legislaciones sobre abuso sexual, violencia digital y violencia vicaria. Decisión que responde a una observación reiterada por especialistas: la dispersión normativa entre entidades complica las investigaciones y retrasa las medidas de protección. Que los estados reconozcan ésta necesidad es relevante pero lo verdaderamente decisivo es que estas reformas permitan una aplicación más rápida y más accesible para las mujeres que buscan ayuda.
En la Ciudad de México, los datos de los últimos años muestran un efecto visible de estos esfuerzos, pues entre 2019 y 2024, los reportes oficiales indican una reducción cercana al 30% en muertes violentas de mujeres y una disminución sostenida en feminicidios, después de haber alcanzado un pico histórico en 2020. Pero la disminución no mengua el impacto social de la violencia de género. Estas variaciones siempre deben leerse con cautela, pero reflejan que una estrategia basada en medidas de protección inmediatas, fortalecimiento de unidades especializadas y trabajo territorial, pueden modificar tendencias. También hay un antecedente institucional que vale la pena recordar: la apuesta, impulsada por la Fiscal Ernestina Godoy de colocar la confianza de las víctimas, fue el eje central en la procuración de justicia. Esa orientación dejó registro documental y contribuyó a que las instituciones se acercaran más a quienes acuden por ayuda.
En México existen alrededor de 65 Centros de Justicia para las Mujeres, creados como espacios integrales de atención. Aun así, estudios recientes muestran que sólo una pequeña fracción de las mujeres que viven violencia, llega a estos centros. Lo que nos revela que entre los retos inmediatos están la ampliación del acceso, facilitar los trayectos de protección y reducir las barreras culturales que desincentivan pedir ayuda. Pero en la visión estrategica debemos trabajar en reeducar a los hombres, si es posible desde la primera infancia, para alcanzar una generación de nuevas masculinidades que abandonen la violencia hacia las mujeres
Reducir la violencia no depende de un gesto único ni de un día en el calendario. Depende de decisiones públicas que puedan medirse y de una sociedad que acompañe sin juzgar. Si logramos que más mujeres lleguen a tiempo a los servicios de protección, que más medidas cautelares funcionen cuando deben funcionar, que más agresores rindan cuentas y que impulsemos una amplia cultura contra la violencia machista, el país avanzará en la dirección correcta. Esta transformación deberemos notarla en la vida cotidiana, cuando todas las mujeres puedan caminar con tranquilidad, trasladarse sin miedo, cuando puedan recibir ayuda pronta, efectiva, pero sobre todo sin discriminación, prejuicios ni revictimización. Lo anterior será posible si las políticas de prevención y atención son resultado de una coordinación efectiva entre instituciones de seguridad, salud, educación y desarrollo social.
Envío mi reconocimiento a las mujeres que se atreven a denunciar y reitero mi posición de que la violencia machista se debe combatir desde diferentes flacos, las instituciones del Estado y la sociedad. Necesitamos generar conciencia de que este problema no se atiende sólo entre mujeres, los hombres tenemos que entender la necesidad de convivir en paz, dejar de verlas como una propiedad o un objeto, coadyuvar en esta lucha desde la comprensión y la solidaridad. Si hemos sido capaces de estar abiertos a distintas batallas sociales, ésta es una en la que no podemos asumir una posición de adversarios