La más reciente publicación del INEGI sobre las Mediciones de la Economía Informal por Entidad Federativa (MEITEF) revelan una realidad que contradice cualquier optimismo sobre el desarrollo incluyente en México. En el segundo trimestre de 2025, el Valor Agregado Bruto de la economía informal creció 1.9% a tasa anual, mientras que los puestos de trabajo remunerados aumentaron 2.1% y las remuneraciones avanzaron 8.8%. El sector informal mostró un crecimiento de 3.5% en el VAB y de 5.8% en los puestos de trabajo remunerados. Estas cifras son la expresión de la precariedad estructural que caracteriza al mercado laboral mexicano, y en el fondo, reflejan un modelo económico que sigue descansando en la expansión de formas laborales sin protección social y en la insuficiencia de los sectores formales para absorber a la fuerza de trabajo disponible.
La informalidad es un síntoma de la forma particular que adopta el capitalismo en las economías periféricas: un capitalismo que externaliza riesgos, volatilidades y costos sociales hacia los hogares, en lugar de absorberlos mediante instituciones robustas de bienestar o mediante un sector productivo capaz de generar empleos dignos; el empleo informal constituye así un componente funcional del patrón de acumulación vigente. En efecto, ningún orden institucional puede considerarse justo si no garantiza las capacidades mínimas para una vida digna. La dependencia de millones de personas de empleos sin seguridad social, sin derechos laborales y sin protección frente a contingencias revela un déficit grave de justicia social y distributiva.
La expansión de la informalidad, aun en periodos de crecimiento económico modesto, pone en evidencia que México carece de una estrategia deliberada de pleno empleo. En lugar de concebir la creación de empleos dignos como objetivo central de la política económica, se ha permitido que el mercado laboral opere mediante un mecanismo de “absorción por necesidad”, donde son los hogares quienes ajustan sus condiciones de vida para sobrevivir ante la falta de opciones laborales seguras. En entidades con dinamismo industrial, como Guanajuato, cuyo sector informal creció 9.9%, o estados como Aguascalientes (7.7%) y Baja California Sur (9.5%), los incrementos en el VAB informal muestran que la creación de empleo formal es insuficiente para atender a la población ocupada.
Por otro lado, la lectura territorial de los datos del MEITEF revela una profunda fractura estructural. Mientras la Ciudad de México registra incrementos importantes tanto en el VAB informal como en los puestos de trabajo remunerados y en las remuneraciones -11.1% estas últimas-, otros estados presentan retrocesos considerables que reflejan la vulnerabilidad de estructuras productivas dependientes de sectores volátiles, con poca diversificación y sin mecanismos de resiliencia. Asimismo, confirman la heterogeneidad estructural del país, en el que coexisten regiones con capacidades industriales medianamente complejas, regiones altamente dependientes del turismo, y regiones primario-exportadoras con niveles muy bajos de productividad. La informalidad opera entonces como un amortiguador social ante la ausencia de empleos formales, perpetuando, pero no corrigiendo, las desigualdades territoriales.
Estas desigualdades estatales representan una violación estructural del principio de igualdad sustantiva. Las personas que viven en regiones como Guerrero, Oaxaca o Veracruz enfrentan desventajas derivadas de condiciones estructurales impuestas por un orden territorial que no distribuye equitativamente las oportunidades de desarrollo. Un país no puede sostener la pretensión de justicia social mientras condena a grandes segmentos de su población a formas laborales precarias por razones de origen geográfico.
La incapacidad estructural de la economía mexicana para generar crecimiento sostenido, y más aún, crecimiento sostenible y ambientalmente responsable, es otra de las conclusiones que se desprenden de este análisis. Durante décadas, el país ha estado atrapado en ciclos de bajo crecimiento económico, con escasa innovación local y una excesiva dependencia de sectores exportadores que no arrastran al conjunto del aparato productivo. Los incrementos observados en la economía informal, sobre todo en actividades de bajo valor agregado, son expresión de esa incapacidad para consolidar motores internos de desarrollo. Esto tiene implicaciones profundas para la resiliencia territorial: los empleos informales, al carecer de estabilidad, protección y productividad, son incapaces de sostener procesos de desarrollo de largo plazo, y resultan vulnerables a choques climáticos, inflacionarios o sociales.
Frente a esta realidad, resulta urgente construir una nueva estrategia nacional de desarrollo basada en el fortalecimiento del mercado interno y en la progresiva formalización del empleo. La formalización no puede limitarse a registrar trabajadores en el IMSS o imponer cargas administrativas; debe implicar una transformación amplia de la estructura productiva, capaz de garantizar que las empresas puedan pagar salarios dignos, ofrecer estabilidad laboral y operar de manera sostenible. Ello exige una inversión pública y privada masiva, sostenida y territorialmente diferenciada; la creación de infraestructura social en sectores como el cuidado, la salud, la educación y la movilidad; el fortalecimiento de capacidades productivas regionales; y un rediseño fiscal que vincule estrechamente la formalización del empleo con una mayor recaudación y una ampliación del espacio fiscal del Estado.
Así, la reducción de la informalidad puede convertirse en el núcleo de un círculo virtuoso: más empleos formales generan mayor recaudación; esta, a su vez, permite mayor inversión pública; y esta inversión impulsa nuevas oportunidades productivas, fortaleciendo el mercado interno y reduciendo la dependencia de actividades precarias. Esta transformación es indispensable para romper con un patrón de acumulación basado en la precariedad; y es además urgente y necesaria para garantizar que todas las personas, sin importar su origen o territorio, accedan a condiciones suficientes para una vida digna y plena.Principio del formulario
Investigador del PUED-UNAM
Final del formulario