A diferencia de las turbulencias en la Universidad Nacional Autónoma de México, los problemas –ahora crecientes— en el Instituto Politécnico Nacional caen directamente en el regazo del secretario de Educación en turno (en este caso el ausente Mario Delgado), porque el instituto técnico carente de todo tipo de autonomía, es administrativamente una escuela más, dependiente de la SEP.
Si el secretario administrativo, Javier Tapia, se ha metido en un berenjenal posiblemente sin salida y esté jurídicamente separado de su cargo --aun cuando se le haya dado indebida oportunidad de concluir el año y garantizar “su derecho al mínimo vital y (sus) prestaciones en materia de Seguridad Social”--, no produjera un clima de por sí grave, ahora la Fundación Politécnico. A.C., le dispara una denuncia penal al director general, Arturo Reyes Sandoval al siguiente tenor:
“El 13 de noviembre del 2025, ante la fiscalía general de la República, en contra del director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, toda vez que se considera que está desplegando conductas posiblemente constitutivas de delito en perjuicio de esta asociación, dentro de las que se destacan los delitos de: Peculado, tráfico de influencias, uso ilícito de atribuciones y los demás que integre la fiscalía.
“Con la demanda civil (la veremos luego) y la denuncia penal ya planteadas se tiene como finalidad:
“a) Que cesen las conductas, determinaciones o resoluciones del director general del politécnico, que agravian a esta fundación.
“b) Que EL Juez civil obligue a los directivos del IPN a respetar y cumplir el Convenio General de Colaboración.
“c) Que se le retribuya a “FUNDACIÓN POLITÉCNICO” A. C. cualquier menoscabo que se le hubiere generado.
“d) Que con la estratagema implementada por los directivos del IPN se evite inducir a fraude a esta Asociación, pues con las conductas desplegadas sólo se está generando confusión y falta de seguridad jurídica.
“e) Evitar que se forme una estructura legal con la misma finalidad que FUNDACIÓN POLITÉCNICO A. C., para desviar fondos perjudicando a nuestra querida comunidad politécnica”.
La demanda civil plantea:
“l. El cumplimiento del convenio general de colaboración.
“II- El cumplimiento de los 88 convenios específicos de colaboración
“III.- Que el Instituto se abstenga de conductas jurídicas y publicitarias que generen conflicto de intereses.
“IV.- Que el director general del IPN se abstenga de conductas ilegales, que contraríen y causen confusión con el convenio del cual hoy se solicita su cumplimiento.
“V.-que el Instituto Politécnico Nacional se abstenga de estar desviando las donaciones realizadas en cualquier modalidad sea esta en especie bienes, dinero y servicios derivados de aportaciones nacionales o extranjeras y en general cualquier recaudación de fondos a beneficio de dicho instituto o de sus escuelas o unidades y centros educativos, simulando convenios con el mismo fin.
“VI.- El reintegro de cualquier donación realizada a favor del Instituto Politécnico Nacional.
“VII.-El restablecimiento y cumplimiento inmediato del convenio de colaboración, con BBVA México, respecto a la tarjeta crediticia denominada “tarjeta IPN”.
“VIII.- El pago de daños y perjuicios.
“IX.- el pago de gastos y costas.
Todo lo anterior se podría resolver fácilmente con el cumplimiento de los convenios vigentes o con la intervención directa del secretario de Educación quien hasta la fecha no ha hecho pronunciamiento público alguno, en espera quizá de la intervención presidencial.
HONDURAS
Xiomara Castro, presidenta de Honduras debe haber estado desesperada. Tanto como para venir a México en plena temporada electoral en busca de la inútil asesoría del gobierno mexicano. Pero su candidata perdió estrepitosamente.
Ni modo, doña Xio, los vientos del cambio soplan sobre el populismo izquierdista en América Latina, pero los problemas de la región son estructurales; no ideológicos. De todos modos el atraso, el subdesarrollo, la pobreza.
Condenados sin una segunda oportunidad, cuando ni siquiera tuvieron una primera, se diría en cruel paráfrasis garciamarquiana.
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