Inquisitiva, amenazante, la frase que encabeza este artículo es del expresidente López Obrador. Lo dijo tal cual, en su conferencia matutina del 13 de mayo de 2024, cuando un juez había dado la razón a María Amparo Casar (a la sazón, directora de la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI) frente a una arbitrariedad del gobierno que le suspendió unilateralmente y sin mediar juicio una pensión de viudez. El mandatario anunció allí, en su conferencia de prensa, que impugnaría el fallo y sin fingir un centímetro de su animadversión personal contra Casar, declaró:
“Ahora resulta que la señora, que es la presidenta de la sociedad civil para combatir la corrupción, cómo vamos a dejar esto así. A mí me faltan cuatro meses y medio ¿vamos a dejar esta estructura de manipulación intacta? No, hagamos algo… “No puede quedar inmaculada”.
Lo que sigue es un recuento de fechas y hechos que no es exhaustivo, más bien telegráfico, resultado de una investigación solicitada por los editores de la revista Etcétera para el libro “Difamados y Perseguidos” (puede conseguirse aquí https://acortar.link/CsDGXH). Todo está debidamente referenciado, registrado y su secuencia es como sigue:
Uno. El 7 de febrero, aparece el libro “Gracias”, cuyo autor es el entonces presidente López Obrador. En él coloca un párrafo en su página 100 que fundamenta el resto de la estratagema: a) afirma que en 2004 el entonces esposo de Casar, entonces directivo de la empresa PEMEX, se suicidó; b) que un perito dio fe del suicidio; c) que Casar pidió al entonces procurador Bernardo Bátiz de la CDMX alterar el acta de defunción; d) que echó mano de relaciones políticas con “intelectuales” (Héctor Aguilar Camín; e) logró así una pensión de viudez y, f) causando daño patrimonial a PEMEX. Todas y cada una de esas esas afirmaciones, son una mentira.
Dos. El 4 de abril, en la página de la Presidencia de la República, se publica el acta de defunción de Carlos Márquez, esposo de María Amparo Casar.
Tres. El 3 de mayo, Octavio Romero Oropeza, Director General de PEMEX, anuncia que la empresa del Estado ha iniciado acciones “por falsificación y alteración de documentos” contra María Amparo Casar. Anuncia también que suspende la pensión que la doctora recibía desde la muerte de su esposo.
Cuatro. Los días 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 y 15 de mayo, el presidente López Obrador aborda una y otra vez la misma cuestión, desde varios frentes criticando “la hipocresía” de la investigadora e incluso, explícitamente, aludiendo su “traición a la patria”.
Cinco. El 13 de mayo, la Fiscalía General de la República anuncia que ha abierto una carpeta de investigación contra María Amparo Casar y contra sus dos hijos.
Seis. Ese mismo día, un Juez de Distrito Sexto otorga la razón a María Amparo Casar para que le sea respetada su pensión.
Siete. El 16 de mayo, un Tribunal Colegiado confirma la decisión del Juez.
Ocho. El 14 de agosto (tras un paréntesis por la celebración de las elecciones de junio), en el escenario de la mañanera presidencial, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, dedica una larga exposición para hacer públicos los donantes de MCCI. No solo eso, también señala la nómina de colaboradores y la lista de proveedores que sirven a la asociación, cometiendo un cúmulo de violaciones a la ley de datos personales y a la confidencialidad de la información.
Nueve. El 16 de agosto, el Presidente de la República reitera su llamado al Presidente Biden -tal y como lo había hecho en mayo de 2021- solicitándole la suspensión de los fondos de colaboración internacional que ha entregado a MCCI, acusando a “sectores del gobierno norteamericano” de “injerencismo”.
Diez. Cada año, desde 2022 y hasta 2025, la organización fue requerida por las autoridades hacendarias para todo tipo de auditorías fiscales.
Once. En el último tramo del sexenio de López Obrador, la doctora María Amparo Casar fue despedida de varios medios de comunicación donde colaboraba desde hacía más de una década (Radiofórmula, Excelsior y Canal 11).
Doce. María Amparo Casar fue mencionada 265 veces en la mañanera de López Obrador. La acusación más reiterada: “traición a la patria”.
Trece. Hacia finales de 2024, Mexicanos Contra la Corrupción es sancionado y se le retira el registro como donataria autorizada.
Catorce. La semana pasada, sin mayores explicaciones, el caso fue resucitado por la Fiscalía General de la República, obligando a la investigadora a una nueva comparecencia ante un Juez en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.
María Amparo Casar y MCCI han indagado desde el manejo gubernamental a la crisis del COVID-19 hasta la llamada “Estafa Maestra” durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Las operaciones de la multinacional Odebrecht en México, la revelación de fortunas ocultas mediante la investigación internacional del “Paradise Papers”; “Segalmex” y claro está, la revelación de la “Casa Gris” de Houston (la mansión habitada por uno de los hijos del expresidente).
Muy seguramente por eso, el rally persecutor de AMLO contra Casar lo abarcó casi todo: el daño a la reputación de la persona y de la asociación civil que dirige; la fabricación de mentiras; la conculcación de derechos; la violación al debido proceso judicial; la intromisión en la intimidad de la investigadora; la violación a los datos personales de ella y de su familia; la revelación de información reservada de particulares y empresas; la intimidación al entorno más cercano; el estrangulamiento financiero contra la asociación civil; el hostigamiento de parte de las autoridades fiscales; la censura y cancelación de espacios mediáticos y, como corolario de todo, la conversión de este caso en diferendo internacional con los Estados Unidos de Biden. Pemex, Fiscalía, Inteligencia Financiera, Agencias de Investigación fiscal, han estado al servicio de la represalia del ex presidente.
Creo que a esta trama se le puede llamar, con todas sus letras, una persecución política y judicial, uno de los ejemplos más elocuentes de lo que ya es capaz de hacer, el presentísimo autoritarismo mexicano.