La situación de las mujeres en México lejos de mejorar, se agrava todos los días. Las estadísticas muestran una persistente escalada de violencia, discriminación y exclusión. El repunte de la trata de personas, de los delitos de acoso, hostigamiento y agresión sexual, de lesiones dolosas, corrupción de menores para explotación sexual, violencia doméstica y feminicidios es imparable tanto en espacios privados como públicos.
Estos problemas irresueltos se mantienen como el principal indicador tanto de la falta de respuesta institucional para la protección de las víctimas, como de la violencia extrema que sufren las mujeres en nuestro país. Sin embargo, el dato más relevante que deriva de la situación nacional es que las leyes por sí solas no han sido suficientes para lograr mayor igualdad de género y que la ley puede afirmar una cosa y la vida real decir otra.
La historia de los derechos de las mujeres es diferente de la historia de los derechos humanos. Los orígenes de la exclusión se remontan a una época lejana cuando las mujeres iniciaron a ser sistemáticamente excluidas de los derechos naturales reconocidos al hombre. En el siglo XVIII inició un debate ilustrado sobre la igualdad entre los sexos y aparecieron los primeros discursos sobre sus derechos. Ya para el siglo XIX en paralelo al surgimiento de los derechos positivos se habían desarrollado los primeros movimientos feministas organizados. Durante el siglo XX, y no sin resistencias, se afirmaron algunos derechos de las mujeres entre los principios de igualdad y diferencia. No obstante, una constatación en términos históricos es que las mujeres no simplemente “llegaron tarde” al reconocimiento de sus derechos, sino que aún enfrentan una exclusión estructural deliberada.
Tanto en la esfera familiar como en la pública el camino para la conquista gradual de sus derechos fundamentales se ha tardado cientos de años, porque para obtenerlos ha sido necesario no solo luchar políticamente sino también cambiar una visión social y filosófica secular de las relaciones de género. Durante esta larga lucha por los derechos se observa cómo la discriminación ha pasado a otros niveles. El logro inicial de la igualdad jurídica fue rápidamente seguido por la constatación de su insuficiencia. Así, tener derechos escritos en la ley no significó automáticamente para las mujeres poder ejercerlos en la vida cotidiana.
Desde que se empezó a discutir qué son los derechos, en qué se basan y de dónde derivan, se descubrió que las mujeres siempre estuvieron excluidas revelando una contradicción profunda: los mismos filósofos que proclamaban la libertad universal la negaban para la otra mitad de la humanidad. El dilema del feminismo es
reclamar un derecho que el republicanismo asignó a un individuo abstracto que históricamente se corporizó en el ciudadano varón. De esta manera, las mujeres no han conquistado la paridad de poder social y de gobierno, no han derrotado el techo de cristal de la disparidad económica en el trabajo, ni han conquistado la igualdad familiar y el alivio público del trabajo de cuidado. El derecho al ocio y al descanso les ha sido históricamente negado.
El movimiento feminista encarna una corriente política, social y cultural que busca igualdad de derechos, oportunidades y libertades entre mujeres y hombres. Proyecta una lucha contra estructuras de poder que históricamente han subordinado a las mujeres. Plantea una autonomía corporal que expresa su derecho a decidir sobre su propio cuerpo; reclama acceso equitativo a educación, trabajo, política y vida pública; la erradicación de la violencia de género rechazando toda forma de agresión física, psicológica o sexual; y finalmente, el proyecto de la deconstrucción del patriarcado que cuestiona aquellos sistemas sociales y políticos que concentran el poder en los hombres. Actualmente, la centralidad de la identidad personal es el motor de la acción política.