La conclusión del periodo de 3 consejerías del Instituto Nacional Electoral el próximo 4 de abril, representa un momento relevante de la regularidad democrática mexicana, pues la responsabilidad de organizar las elecciones por un organismo autónomo dio certeza y tranquilidad a los actores políticos. Aunque en el presente esa situación ha cambiado dado el equilibrio de fuerzas existente en la Cámara de Diputados favorece a la 4T.
La conclusión del encargo de Claudia Zavala, Jaime Rivera y Dania Ravel, implica activar el juego de poder y presiones, pues las personas que deberán integrarse al Consejo General durante los próximos nueve años, harán la diferencia en opinión y voto ante la tensión pública generada por la confrontación político-electoral en las próximas elecciones intermedias y en la elección presidencial en 2030.
A propósito de este relevo, conviene recordar cómo transcurrió esta conformación buena parte del siglo XX. La organización de las elecciones estuvo bajo el control del Gobierno Federal, no era un detalle menor, era la definición del sistema político: el poder organizaba la competencia en la que él mismo participaba. Incluso con la creación del Instituto Federal Electoral en 1990, la presidencia del Consejo General seguía en manos de la Secretaría de Gobernación y los magistrados electorales eran propuestos por la presidencia de la República.
Por eso la reforma de 1996 fue algo más que un ajuste legal. Fue una ruptura de fondo. Separó al Poder Ejecutivo de la conducción electoral y consolidó la ciudadanización de la llamada “herradura de la democracia”.
Las Consejerías Electorales aparecen, en términos políticos, para garantizar que el gobierno dejara de sentarse en la mesa donde se decidían las reglas del juego electoral. Esa fue la apuesta histórica, sacar a Gobernación del centro del arbitraje y construir una autoridad con autonomía e imparcialidad, que derivaban sobre todo de la legitimidad del acuerdo político entre los partidos, aunque la designación estaba sometida a las cuotas partidarias.
Si el origen de la autoridad electoral estuvo vinculado con la necesidad de arrancarla de la órbita gubernamental, entonces su integración no puede depender de la imposición de una mayoría legislativa o peor aún, de las cúpulas de los partidos políticos. Por eso la Constitución exige una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, esa regla se sustenta en la búsqueda de consensos.
Durante los años de alternancia y de mayor pluralidad legislativa, esa lógica tuvo sentido. La designación de consejerías fue pensada como un ejercicio de construcción política entre fuerzas obligadas a reconocerse mutuamente; era una necesidad para seguir construyendo la democracia y en paralelo, la alternancia del 2000.
Cuando ninguna fuerza, por sí misma, podía nombrar sola a la autoridad electoral, el sistema político mexicano marcaba la pauta de que la confianza se podía construir entre adversarios. El consenso se volvía la forma institucional de tener legitimidad compartida.
La reforma de 2014 se pretendió fortalecer el procedimiento de designación con convocatoria pública y Comité Técnico de Evaluación. El nuevo modelo quiso combinar dos exigencias, mérito y acuerdo.
Una de las debilidades de la mecánica de la integración del Comité Técnico, se evidencia con su integración esta semana, pues los perfiles son claramente afines a quienes detentan el poder, lo cual lastima la legitimidad.
La mayoría de los dos tercios de la Cámara de Diputados tuvo un propósito: evitar tanto la captura partidista como la improvisación. La conformación de la autoridad electoral debía seguir la ruta de capacidad, trayectoria y consenso.
Sin embargo, la práctica reciente encendió focos de alerta. En 2023, ante la incapacidad de las fuerzas parlamentarias para alcanzar un acuerdo, la Cámara de Diputados recurrió a la insaculación para designar tres consejerías y la presidencia.
La tómbola es constitucional y puede ser un recurso de última instancia para evitar el vacío institucional, pero, no puede convertirse en la coartada perfecta para encubrir el fracaso de la política. Lo cual no resuelve la legitimidad de origen del mismo modo que lo hace un acuerdo político amplio.
Lo cual es un problema de degradación y menosprecio por la discusión y el consenso. Un Congreso que renuncia a esto al momento de resolver la integración del árbitro electoral envía una señal delicada sobre su propia comprensión de la democracia constitucional.
Tampoco se trata de idealizar negociaciones oscuras ni de defender repartos disfrazados de pluralidad. El consenso no equivale al reparto de cuotas, simple y llanamente, y conviene decirlo con claridad. El buen acuerdo no es el que satisface a las cúpulas, sino el que produce designaciones capaces de generar confianza más allá de las bancadas.
Entre la cuota y la tómbola existe una responsabilidad política más exigente: la de construir mayorías calificadas a partir de perfiles sólidos, trayectorias verificables e independencia acreditada.
Ese es el tamaño del reto actual. La conclusión de los encargos de dos consejeras y un consejero llega en un contexto en el que la disposición al acuerdo se desliza por la senda de la erosión. La polarización, los vetos cruzados y la lógica de la ventaja inmediata amenazan con convertir esta renovación en otro episodio de parálisis o de imposición indirecta.
México ya sabe lo que significa desconfiar de su autoridad electoral. La historia previa a la ciudadanización del árbitro está marcada por impugnaciones de legitimidad, conflictos postelectorales y una percepción extendida de parcialidad. Por eso costó tanto construir el modelo actual. No surgió por generación espontánea ni por generosidad del poder. Fue la respuesta institucional a una crisis de confianza. Desplazar a la Secretaría de Gobernación del centro de la organización electoral fue reconocer que la democracia requería un árbitro ajeno al gobierno. Reducir ahora la renovación de consejerías a una batalla de bloques o a una rifa parlamentaria sería olvidar la lección central de esa historia.
Michelangelo Bovero acuñó el termino “pleonocracia”, que al final de cuentas es una anomalía de la democracia, que se da cuando la mayoría decide sin siquiera escuchar a la minoría. Pero, indiscutiblemente hay decisiones que revelan el temple democrático de una clase política. Esta es una de ellas. La mayoría en Cámara de Diputados, en obvia concordancia con la presidencia de la República, tiene ante sí la oportunidad de demostrar que entienden el sentido profundo del procedimiento constitucional que le fue encomendado.
La renovación de estas tres consejerías debería asumirse, como lo que son: decisiones de Estado. La pregunta no es solamente quién ocupará esos lugares. La pregunta decisiva es si el Congreso estará a la altura del origen histórico de las Consejerías Electorales: haber sido concebidas para desplazar al poder del control del arbitraje y para ofrecer garantías de imparcialidad a una sociedad plural.
Si eso se olvida y se repite la designación por sorteo, no sólo se vacía de sentido el procedimiento constitucional. También se corre el riesgo de que, en lugar de renovar al árbitro, terminemos rifando la confianza que tomó décadas construir. No debería ser tan difícil entenderlo: una autoridad electoral fuerte no conviene sólo a quien hoy es oposición; también protege a quien mañana o pasado mañana puede dejar de ser mayoría.
Esa es la racionalidad democrática que late detrás de las mayorías calificadas. Obligan a pensar más allá del presente, más allá del enojo y más allá de la tentación de capturar instituciones. En tiempos de desconfianza y de presiones políticas externas e internas sobre el andamiaje legal del país, no hay gesto más responsable que acordar bien. Y no hay señal más peligrosa que acostumbrarse a no hacerlo.
Las tentaciones de concentración de poder atentan contra la salud de la República, Al tiempo…
*Profesor UAM-I,
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